Monterrey, Nuevo León. – El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Nuevo León afronta la preparación del proceso electoral más robusto en la historia de la entidad bajo condiciones operativas complejas, marcadas por la falta de un presupuesto asignado para los comicios y un rezago histórico en la representación política de las mujeres. La consejera presidenta del organismo, Beatriz Camacho, advirtió sobre la urgencia de contar con las suficiencias presupuestales necesarias, las cuales se estiman entre mil 200 y mil 400 millones de pesos, para evitar poner en riesgo la gobernabilidad y el correcto desarrollo de la contienda democrática estatal.
El órgano electoral opera mediante el esquema de reconducción tácita, lo que implica trabajar con los mismos recursos destinados al gasto ordinario del ejercicio fiscal previo, sin contar con una partida específica para el montaje de la logística electoral. Camacho explicó que la legislación vigente impone plazos estrictos que no permiten demoras, obligando a la institución a desplegar la infraestructura territorial en el presente año. Este procedimiento requiere la instalación desde cero de las 51 comisiones municipales electorales, la contratación de aproximadamente 204 personas para labores operativas y la puesta en marcha de los simulacros del Programa de Resultados Electorales Preliminares.
En el ámbito presupuestal, la titular del instituto detalló que ya se solicitó formalmente la asignación de los recursos a la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado. A pesar de una reunión previa sostenida con el titular de la dependencia, las autoridades electorales no han recibido una respuesta concreta sobre la transferencia del presupuesto solicitado. Camacho enfatizó que la falta de recursos oportunos desencadena retrasos en cadena dentro del calendario electoral, afectando fases operativas críticas que garantizan que el electorado cuente con su boleta en las urnas el próximo 6 de junio.
A las complejidades financieras se suman particularidades logísticas propias de Nuevo León. La entidad es la única en el país que utiliza boletas electorales prellenadas, un factor que duplica el tiempo requerido para su impresión y producción masiva. Mientras que en otros estados el material se procesa en lapsos de dos a tres semanas, en Nuevo León la fabricación se extiende durante un periodo mayor, permitiendo que la documentación arribe a los centros de distribución apenas entre dos y tres semanas antes de la jornada electoral. Al haber concluido los plazos legales para realizar reformas en la materia, la autoridad se enfoca en operar bajo el marco normativo existente.
En paralelo al reto financiero, el instituto expuso un diagnóstico sobre la equidad de género en los cargos de elección popular, donde los datos registran una disminución progresiva en el acceso de las mujeres a los espacios de poder municipal. En 2018, las alcaldesas gobernaban al 18 por ciento de la población del estado, cifra que descendió al 13 por ciento en 2021 y se redujo al 3 por ciento en el proceso de 2024. El análisis institucional reveló además que existen 16 municipios en Nuevo León que nunca han sido gobernados por una mujer. En perspectiva histórica, desde los años cincuenta se han registrado más de mil presidentes municipales hombres frente a 62 mujeres electas.
La brecha de representación se extiende a la candidatura por la gubernatura, rubro que carece de una regulación local específica en materia de paridad, debido a que el Congreso del Estado de Nuevo León no legisló al respecto a pesar de las recomendaciones emitidas por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La facultad para establecer criterios de alternancia recae en el Instituto Nacional Electoral. El organismo estatal reportó una alta carga procesal derivada del proceso anterior, en el cual se contabilizaron 3 mil 400 denuncias —la cifra más alta a nivel nacional—, de las cuales solo el 10 por ciento concluyó en una sentencia, demandando un esfuerzo administrativo extraordinario para el personal jurídico de la institución.
Fuente: Tribuna