Monterrey, Nuevo León.- A menos de cuatro meses de que venza el plazo para que el Congreso del Estado de Nuevo León defina la extinción formal del Instituto Estatal de Transparencia y Acceso a la Información de Nuevo León (InfoNL), prevalece un escenario de incertidumbre jurídica y laboral en torno al organismo autónomo. La transición legal, que contempla la desaparición del instituto antes de que concluya el periodo ordinario de sesiones el próximo 20 de diciembre, mantiene en vilo la continuidad de la garantía del derecho a la información pública, la protección de datos personales en la entidad y el futuro profesional de sus 326 trabajadores.
Esta medida responde de manera directa al decreto de la Ley General de Transparencia, promulgada el 20 de marzo de 2025, así como a la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que mandató a los congresos locales a realizar las adecuaciones correspondientes para armonizar la legislación de los estados con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. A pesar de la proximidad del plazo límite, en la entidad aún no se han precisado los lineamientos operativos mediante los cuales las facultades del InfoNL se integrarán a la Contraloría Estatal.
El clima de inquietud entre el personal se halla acentuado por el precedente sentado a nivel federal tras el cierre del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). En dicho proceso, de una plantilla integrada por 759 servidores públicos, únicamente 450 personas fueron recontratadas para incorporarse a las nuevas estructuras gubernamentales habilitadas, mientras que los 309 empleados restantes fueron colocados en un directorio institucional con sus datos personales y curriculares, a la espera de ser considerados por otras dependencias que requirieran personal.
En la estructura actual del InfoNL operan 33 departamentos administrativos donde se distribuye la plantilla laboral, encabezada por la consejera presidenta, Brenda Lizeth. Pese a los intentos de obtener una postura oficial o detalles sobre los planes de contingencia laboral y operativa para encarar la transición, la directiva del instituto no ha emitido pronunciamientos públicos respecto al esquema de liquidación o reubicación del personal que conforma la institución.
El panorama que enfrentan los órganos garantes en las entidades federativas presenta notables divergencias. Aguascalientes se convirtió en el primer estado en consumar la extinción de su instituto local el 14 de mayo de 2025, transfiriendo sus funciones de revisión y transparencia a la Dirección Jurídica de la Contraloría estatal, aunque sin destinar un presupuesto específico ni crear una estructura especializada. Esquemas semejantes de absorción administrativa fueron replicados después en Colima, donde el organismo pasó a ser una Dirección General de la Contraloría, así como en las entidades de Morelos y Baja California Sur.
La falta de claridad en las reglas de transición ha generado vacíos normativos en otros puntos del país. En Jalisco, por ejemplo, el instituto estatal cerró sus puertas en noviembre de 2025 sin que previamente el poder legislativo local hubiera aprobado las leyes secundarias requeridas para normar el nuevo esquema. Un caso similar se registró en Zacatecas, donde el órgano cesó operaciones en junio sin contar con una instancia sustituta, mientras que Sinaloa opera bajo una fase transitoria indefinida. Quintana Roo formalizó su proceso al disolver el instituto y dar paso a la creación de un organismo desconcentrado.
Las diferencias en los modelos adoptados reflejan la ausencia de una ruta homogénea para la transferencia de atribuciones a los órganos de control interno de los ejecutivos estatales. Para la fuerza laboral del InfoNL y para la ciudadanía en general, la resolución que dicte el Congreso local en los próximos meses determinará no solo la estabilidad de cientos de familias, sino también la efectividad del marco institucional encargado de salvaguardar el acceso a la información pública en el estado.
Fuente: Tribuna