Monterrey, Nuevo León.- El panorama político en Nuevo León enfrenta una nueva confrontación entre las dirigencias de los partidos de oposición y la administración estatal, tras señalarse que la falta de suficiencia presupuestal asignada al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Nuevo León (IEEPCNL) podría poner en riesgo los preparativos para el proceso electoral de 2027. Las dirigencias del Partido Acción Nacional (PAN) y del Partido Revolucionario Institucional (PRI) atribuyeron esta situación a las decisiones financieras del Poder Ejecutivo, mientras que la representación de Movimiento Ciudadano responsabilizó a la oposición por la falta de acuerdos normativos e institucionales para resolver el conflicto presupuestario.

La discusión surge luego de que la presidenta del organismo electoral local, Beatriz Camacho, expusiera que los comicios contemplados para 2027 se perfilan como los más amplios en la historia democrática de la entidad. Sin embargo, precisó que en la actualidad la institución no dispone de partidas financieras formalmente etiquetadas para el arranque de los trabajos organizativos, derivado del mecanismo de reconducción presupuestal que ha mantenido vigente el Gobierno del Estado en los periodos fiscales recientes. Esta limitante presupuestaria genera incertidumbre sobre el margen operativo del instituto en el corto y mediano plazo.

El dirigente estatal del PAN en Nuevo León, Policarpo Flores, advirtió en entrevista que la carencia de recursos constituye una problemática inmediata para el árbitro electoral, tomando en consideración que la logística institucional exige el despliegue de infraestructura territorial a partir del próximo mes de octubre. Flores explicó que el organismo debe proceder con la instalación y equipamiento de comités en los 51 municipios del estado, lo cual implica arrendar 51 inmuebles, contratar personal administrativo —incluyendo al menos una secretaria por sede— así como solventar gastos operativos vinculados con movilidad, papelería y mobiliario básico, rubros que en este momento no cuentan con respaldo presupuestario.

Frente a estas limitaciones de liquidez, el líder del panismo local sugirió que una alternativa viable para mitigar el impacto financiero del organismo electoral consistiría en centralizar la estructura administrativa en oficinas ubicadas en la Zona Metropolitana de Monterrey, evitando la dispersión territorial en una primera etapa. Flores confirmó que la dirigencia de su partido no asistirá a la mesa de diálogo presupuestal que se tenía prevista para el próximo 2 de septiembre con autoridades estatales, al argumentar una falta de consistencia por parte del Ejecutivo para definir acuerdos firmes en negociaciones previas.

El dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), José Luis Garza Ochoa, manifestó que la condición para entablar formalmente conversaciones con el gobierno estatal pasa por el cumplimiento de los pagos pendientes a los municipios y a diversos organismos autónomos. Garza Ochoa sostuvo que el Poder Ejecutivo debe transferir los fondos etiquetados que corresponden a los ayuntamientos antes de convocar a la discusión de un nuevo paquete presupuestal. Añadió que, aunque su partido se mantiene abierto al diálogo institucional, es indispensable que la administración estatal liquide los adeudos previamente aprobados y respete las facultades del Poder Legislativo local.

Frente a estas posturas, el líder estatal de Movimiento Ciudadano, Baltazar Martínez, responsabilizó a las bancadas parlamentarias de oposición por la falta de voluntad política para destrabar las negociaciones en torno al presupuesto de la entidad. Martínez planteó que la importancia del proceso electoral justifica explorar mecanismos financieros alternativos, tales como la asignación de una partida extraordinaria o la reasignación interna de recursos dentro del presupuesto estatal para asegurar la operatividad plena del IEEPCNL. El dirigente añadió que el Ejecutivo estatal cuenta con facultades legales para efectuar los reajustes correspondientes en caso de una urgencia institucional.

Sobre la mesa de trabajo anunciada para el 2 de septiembre, Martínez Ríos aseguró que la convocatoria por parte del Gobierno del Estado se mantiene vigente y que la representación de Movimiento Ciudadano tiene confirmado el encuentro. Según detalló, las autoridades del Ejecutivo, a través de la Secretaría General de Gobierno y la Tesorería General del Estado, continúan sosteniendo conversaciones previas para mantener en marcha la reunión bilateral. Se buscó conocer la postura oficial de la dirigencia estatal del partido Morena respecto al conflicto presupuestal y su impacto en el órgano electoral, sin que al cierre de esta edición se obtuviera respuesta por parte de sus voceros.

Fuente: Tribuna