Monterrey, Nuevo León. – En el ámbito legislativo de Nuevo León, distintas bancadas representadas en el Congreso del Estado expresaron su postura respecto a la eventual reactivación del proyecto hídrico conocido como Monterrey VI. Los legisladores coincidieron en que, si bien la propuesta requiere una evaluación técnica y financiera exhaustiva antes de concretarse, es prioritario que el Gobierno del Estado realice el pago correspondiente a la Comisión Nacional del Agua para garantizar la vigencia de la concesión del río Pánuco. La cuota requerida por la autoridad federal asciende a 173 millones de pesos, suma sin la cual se corre el riesgo de que los derechos sobre dicho recurso hídrico queden anulados por caducidad.

Al abordar la discusión, el diputado del Partido Revolucionario Institucional, Javier Caballero, subrayó la relevancia estratégica que representa la concesión del caudal del río Pánuco en comparación con otras obras desarrolladas en la entidad. El priista señaló que, a diferencia de infraestructuras como la presa Libertad, el aprovechamiento del río Pánuco ofrece una alternativa con potencial para brindar certidumbre en el suministro de agua para el estado en un horizonte de por lo menos 50 años. No obstante, enfatizó que el proceso debe conducirse de manera gradual, asegurando primero la continuidad de los derechos vigentes ante las autoridades federales mediante el cumplimiento de las obligaciones financieras pendientes con la dependencia hídrica nacional.

La discusión en el Poder Legislativo cobró fuerza luego de informarse que la paraestatal Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey presentó ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales una Manifestación de Impacto Ambiental a mediados de agosto. Dicho trámite ambiental constituye un requisito indispensable para la planificación y eventual ejecución de las obras del acueducto. Sin embargo, la Comisión Nacional del Agua precisó que hasta la fecha no ha recibido formalmente una solicitud de revisión, proyectos técnicos actualizados o análisis complementarios por parte de la paraestatal regiomontana. La entidad federal reiteró la vigencia de la exigencia presupuestal para mantener los derechos sobre el recurso de la cuenca.

El coordinador de la bancada del Partido Movimiento Regeneración Nacional, Tomás Montoya, argumentó que la viabilidad del proyecto Monterrey VI debe estar sustentada de manera rigurosa en análisis técnicos actualizados y en el cumplimiento estricto de las obligaciones normativas. Para el legislador, la resolución del problema de abastecimiento hídrico en la zona metropolitana de Monterrey requiere una visión integral, en la cual el pago de los derechos administrativos a las instancias correspondientes sea asumido como un paso imprescindible para aspirar a un modelo de desarrollo sustentable que satisfaga la demanda de la población a largo plazo.

La lideresa de la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo, Guadalupe Rodríguez, sugirió la realización de una revisión amplia conducida por especialistas independientes. La diputada argumentó que, debido a los antecedentes y los señalamientos de inviabilidad que afectaron las propuestas iniciales en el pasado, resulta fundamental contar con un punto de partida sólido. Concluyó que, en caso de que los análisis expertos determinen la factibilidad técnica y económica de la obra, el costo financiero necesario para asegurar la disponibilidad de agua para la entidad debe ser cubierto por las autoridades competentes.

El trazado geográfico planeado para la infraestructura del acueducto Monterrey VI abarca una extensión considerable que atraviesa cuatro entidades del noreste del país. La obra tiene proyectado su punto de origen en el cauce del río Pánuco, en el estado de Veracruz, para después internarse en territorio de San Luis Potosí cruzando por las demarcaciones de Ébano y Tamuín. El recorrido continúa a lo largo del estado de Tamaulipas, atravesando una cadena de municipios entre los que se encuentran El Mante, González, Xicoténcatl, Llera, Casas, Ciudad Victoria, Güémez, Padilla, Hidalgo y Villagrán. El sistema de conducción culmina su trayectoria en la presa Cerro Prieto, ubicada en el municipio de Linares, Nuevo León, desde donde se contempla la integración del volumen hídrico a la red metropolitana.

Fuente: Tribuna