Monterrey, Nuevo León. – El diálogo institucional entre el Poder Ejecutivo y el Congreso del Estado de Nuevo León con miras a la elaboración del Presupuesto de Egresos 2027 dio inicio oficial en las instalaciones de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado. Este primer encuentro, convocado tras la apertura del tercer periodo ordinario de sesiones de la actual legislatura local, estuvo marcado por la notable ausencia de las representaciones parlamentarias del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Partido Acción Nacional (PAN) y Movimiento Regeneración Nacional (Morena). A pesar de la inasistencia de estas bancadas, la reunión técnica permitió poner sobre la mesa los ejes estratégicos, las proyecciones de gasto y las alternativas financieras que marcarán el rumbo de la entidad durante el próximo ciclo fiscal.

La mesa de trabajo estuvo encabezada por el secretario general de Gobierno, Miguel Flores, y el encargado del despacho de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado, Ulises Carlin. Por parte del Poder Legislativo acudieron únicamente la coordinadora de la bancada de Movimiento Ciudadano, Sandra Pámanes; la representante del Partido Verde Ecologista de México, Claudia Chapa; la diputada del Partido del Trabajo, Guadalupe Rodríguez; y el legislador independiente Rodrigo Montemayor. La sesión contó con la participación de representantes de la sociedad civil y del sector empresarial, entre los que destacaron integrantes del Consejo Nuevo León para la Planeación Estratégica y de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac).

Durante el encuentro con los medios de comunicación al término de la sesión, el secretario general de Gobierno, Miguel Flores, lamentó la inasistencia de los legisladores del PRI, PAN y Morena. El funcionario manifestó que la convocatoria representaba el espacio institucional adecuado para esclarecer dudas, discutir las prioridades presupuestarias y desahogar los señalamientos vertidos públicamente por la oposición en torno a supuestos atrasos o adeudos en las participaciones destinadas a los municipios y a diversos organismos autónomos. Flores puntualizó que las finanzas estatales no registran dichos pendientes financieros y enfatizó que, en caso de existir diferencias de criterio, la mesa de concertación presupuestal era el foro idóneo para revisar los números de manera transparente.

En el aspecto financiero, las autoridades de la Tesorería expusieron un diagnóstico general sobre el estado que guardan las arcas públicas de la entidad. De acuerdo con el informe presentado a los asistentes, Nuevo León mantiene una disciplina fiscal favorable que ubica al estado en el indicador verde del sistema de alertas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Esta posición de solidez crediticia otorga a la administración estatal el margen técnico y la capacidad de pago para considerar la contratación de financiamiento de largo plazo. No obstante, las autoridades precisaron que durante esta primera sesión de acercamiento no se formalizó ningún monto específico ni se presentó un techo de endeudamiento definitivo, aclarando que la alternativa de adquirir deuda se analizará exclusivamente como una herramienta para asegurar la ejecución de obras públicas de infraestructura estratégica.

Un punto relevante dentro del orden del día fue la revisión de los posibles escenarios presupuestales en caso de no alcanzar los consensos legislativos requeridos antes del plazo constitucional. Funcionarios del Ejecutivo y diputados analizaron las implicaciones operativas y de inversión que conllevaría una nueva reconducción presupuestal para el año fiscal 2027. Se advirtió que operar bajo el esquema del presupuesto anterior limitaría el margen de maniobra institucional, restringiendo el presupuesto disponible para atender la demanda creciente de obras públicas, servicios de movilidad e inversión social en los distintos sectores del estado.

La diputada Sandra Pámanes enfatizó la relevancia de situar las necesidades presupuestales de los municipios en el centro del debate legislativo. La coordinadora parlamentaria subrayó que, al tratarse del último año completo de gestión para las actuales administraciones municipales, resulta fundamental garantizar una distribución equitativa de los fondos públicos, priorizando a aquellos ayuntamientos con menor capacidad de recaudación propia para que puedan concretar y concluir sus proyectos de infraestructura prioritarios antes del término de sus mandatos.

La legislación local establece que el Poder Ejecutivo debe enviar el proyecto de Presupuesto de Egresos al Congreso a más tardar el 20 de noviembre, previo análisis del paquete económico federal. El proceso arranca con un calendario apretado y el reto de construir acuerdos políticos que integren a todas las fuerzas representadas en el Poder Legislativo.

Fuente: Tribuna