Monterrey, Nuevo León.- La presidenta de la Comisión de Presupuesto del Congreso del Estado de Nuevo León, la diputada local priista Lorena de la Garza Venecia, rechazó públicamente la solicitud planteada por el gobernador Samuel García Sepúlveda para removerla de la titularidad de dicho órgano legislativo. En el marco de los trabajos previos a la discusión del paquete fiscal correspondiente al año 2027, la legisladora sostuvo que se mantendrá al frente de sus funciones en la comisión y enfatizó que el Poder Ejecutivo no cuenta con facultades constitucionales ni legales para intervenir en las decisiones internas ni en la integración de los trabajos del Poder Legislativo local.
El diferendo institucional entre ambos funcionarios escaló luego de que el mandatario estatal señalara la existencia de una presunta resolución firme que inhabilitaría a la diputada para el desempeño de cargos públicos, derivada de supuestas irregularidades en el manejo de recursos durante gestiones pasadas. Ante tales aseveraciones, De la Garza Venecia desestimó los señalamientos e instó al titular del Ejecutivo a presentar la documentación jurídica que sustente sus afirmaciones. Asimismo, cuestionó que se intente vulnerar la división de poderes, argumentando que el gobernador desconoce el alcance de las resoluciones administrativas al pretender incidir directamente en la conformación de las comisiones dictaminadoras de la soberanía estatal.
Dentro del plano financiero, la controversia surge en la víspera del análisis del Presupuesto de Egresos 2027, expediente en el cual la administración estatal contempla la contratación de financiamiento adicional por un monto ascendente a diez mil millones de pesos. Al respecto, la diputada del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional cuestionó la falta de precisión detallada en el desglose técnico presentado por el Ejecutivo sobre el destino final que se daría a dichos recursos crediticios. En ese sentido, reiteró que la representación legislativa no adoptará una postura de rechazo sistemático a la inversión en infraestructura pública, pero remarcó que tampoco se avalarán solicitudes de endeudamiento sin garantías claras de fiscalización.
Para avanzar en el análisis, eventual dictaminación y aprobación de la propuesta presupuestal presentada por la administración estatal, la presidenta de la Comisión de Presupuesto estableció una serie de requerimientos institucionales dirigidos al Ejecutivo local. Entre las condiciones planteadas destaca la propuesta de ratificación formal, por parte del Pleno del Congreso, de la persona titular de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado. A la par, exigió el compromiso explícito del Ejecutivo de no recurrir al veto de los acuerdos alcanzados en la materia, así como la presentación de una metodología transparente que especifique el destino puntual de cada peso contemplado en la nueva deuda.
De la Garza Venecia recalcó que la discusión en torno a los fondos públicos estatales debe desvincularse de confrontaciones de índole personal o partidista para centrarse en una revisión metodológica y contable rigurosa. A través de sus declaraciones, la legisladora puntualizó que la prioridad de la comisión a su cargo será verificar cuánto dinero pretende contratar la administración estatal, cuáles son los proyectos prioritarios a los que se destinarán los recursos y qué autoridades asumirán la responsabilidad directa por la ejecución contable del gasto público.
Finalmente, la representante parlamentaria reiteró que permanecerá desempeñando sus atribuciones legislativas al frente de la Comisión de Presupuesto, desde donde continuará solicitando la rendición de cuentas correspondiente al ejercicio de los recursos estatales. De acuerdo con la diputada, el mantenimiento de un esquema de contrapesos entre poderes resulta indispensable para evitar la aprobación de partidas presupuestales carentes de sustento técnico o de mecanismos claros de fiscalización en beneficio de la ciudadanía de Nuevo León.
Fuente: Tribuna