San Pedro Garza García, Nuevo León. – Especialistas en derecho constitucional y miembros de la Barra Mexicana de Abogados (BMA), capítulo de Nuevo León, advirtieron que los nuevos lineamientos promovidos por la administración federal en materia de derechos de las audiencias representan una potencial vulneración a la libertad de prensa y al libre ejercicio del periodismo en el país.
Durante el panel de análisis jurídico titulado ‘Libertad para censurar’, realizado en San Pedro Garza García, los litigantes Mariano de León, Sergio Elías Gutiérrez y Olmo Guerrero examinaron los alcances normativos de las disposiciones que trasladan facultades de monitoreo, revisión y sanción de contenidos informativos y editoriales a dependencias vinculadas con el Poder Ejecutivo federal.
Mariano de León expuso que la tutela legítima de los derechos de los radioescuchas y televidentes no debe transformarse en una vía de supervisión gubernamental sobre la línea editorial de los medios de comunicación. En su intervención, recalcó que la transferencia de facultades reguladoras desde entes que antes eran autónomos hacia estructuras gubernamentales convierte a la autoridad en un juez de la veracidad y el rigor periodístico, generando incertidumbre y ambigüedad en la tipificación de posibles faltas administrativas.
Sergio Elías Gutiérrez señaló que la labor de los medios de comunicación dentro de un sistema democrático consiste en fiscalizar al poder público y no en adecuar los mensajes a conveniencias oficiales. Subrayó que regular los derechos de las audiencias bajo criterios burocráticos puede interpretarse como un intento estatal de amortiguar la crítica periodística legítima.
El abogado Olmo Guerrero enfatizó el peligro que supone la aplicación discrecional de figuras como el “daño punitivo” o multas desproporcionadas. A su juicio, cuando las sanciones pecuniarias alcanzan montos exorbitantes por supuestas fallas de contexto u opinión, se genera un efecto inhibitorio deliberado en redacciones y comunicadores, por lo que urgió a colegios de profesionistas y organizaciones civiles a recurrir a las instancias judiciales correspondientes para evitar retrocesos en materia de libertades civiles.
Fuente: Tribuna