Monterrey, Nuevo León.- La diputada local por Monterrey y presidenta de la Comisión de Presupuesto del Congreso del Estado de Nuevo León, Lorena de la Garza, solicitó de manera pública que los 339 millones de pesos otorgados por el Gobierno Federal a la entidad sean destinados de forma directa a las empresas contratistas encargadas de ejecutar obras de infraestructura pública. La propuesta fue planteada en el marco de la visita efectuada por la presidenta Claudia Sheinbaum a la ciudad de Monterrey este domingo, oportunidad en la que la legisladora enfatizó la importancia de establecer mecanismos de dispersión financiera que eviten el paso de dichos fondos por la Tesorería del Gobierno del Estado.
La partida extraordinaria proviene del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas, instrumento financiero conocido bajo las siglas FEIEF. Este mecanismo presupuestal tiene como finalidad central compensar las disminuciones imprevistas en la recaudación e ingresos que sufren los estados de la República por concepto de participaciones federales. Aunque la representante legislativa reconoció la relevancia y oportunidad de la llegada de estos recursos a Nuevo León para contrarrestar la baja en las transferencias ordinarias, remarcó que la asignación presupuestal debe acompañarse de reglas de operación estrictas y específicas desde su origen en el Ejecutivo federal.
De acuerdo con lo manifestado por la legisladora, la inquietud sobre el manejo de la compensación radica en el riesgo de que el dinero sea incorporado al gasto corriente general del estado de Nuevo León si llega a ser gestionado directamente por la administración estatal. En sus declaraciones, De la Garza adujo que al ingresar los 339 millones de pesos a la Tesorería estatal se corre el riesgo de que los fondos se diluyan dentro de las cuentas públicas, lo cual complicaría el rastreo puntual del dinero y la verificación de los pagos a los proveedores correspondientes.
La presidenta de la Comisión de Presupuesto expuso que en la actualidad existe una preocupación constante entre el sector de las empresas constructoras y los proveedores gubernamentales debido a los retrasos y adeudos acumulados que mantiene la administración estatal con las firmas involucradas en el desarrollo de diversos proyectos de obra. Ante esta situación, argumentó que los recursos extraordinarios deben llegar debidamente etiquetados para liquidar los compromisos financieros pendientes con las entidades que actualmente se encuentran ejecutando los trabajos en el campo, asegurando que la Presidencia de la República supervise que el beneficio económico se transfiera de manera directa a los constructores.
La legisladora subrayó que el propósito medular de la iniciativa no radica en cuestionar la legitimidad o la pertinencia del apoyo financiero brindado por las autoridades federales a la entidad, sino en garantizar una transparencia absoluta sobre el destino final de la partida. Para la representante del Poder Legislativo local, resulta indispensable que la bolsa económica se convierta en un instrumento eficaz para reactivar los pagos de las obras en proceso, evitando que el recurso financiero se libre sin una fiscalización adecuada en las instituciones del estado.
El planteamiento surge en una discusión constante entre el Congreso del Estado y el Gobierno de Nuevo León referente a la rendición de cuentas, la transparencia y el manejo de las finanzas públicas locales. Mientras el Ejecutivo estatal busca consolidar la estabilidad de sus arcas para mantener la continuidad de las obras públicas proyectadas en la región, diversos sectores legislativos continúan exigiendo la aplicación de lineamientos rigurosos sobre la administración del gasto. Hasta ahora, la ciudadanía y las empresas del ramo de la construcción esperan que la Federación defina de forma oficial las reglas de operación y los procedimientos de dispersión bajo los cuales serán ejercidos los 339 millones de pesos en la entidad.
Fuente: Tribuna