Monterrey, Nuevo León. – El Centro Patronal de Nuevo León (Coparmex) solicitó al Congreso del Estado de Nuevo León que garantice el seguimiento, análisis y resolución final de las iniciativas de ley presentadas por organismos de la sociedad civil y el sector empresarial. A través de un pronunciamiento institucional, la cúpula empresarial advirtió que diversas propuestas ciudadanas y técnicas, formuladas para atender problemáticas específicas de la entidad, permanecen congeladas en comisiones y sin dictaminar desde el año 2025.

El presidente de Coparmex Nuevo León, Roberto Cantú Alanís, subrayó que las organizaciones civiles, expertos y especialistas dedican un esfuerzo considerable en diagnosticar fallas estructurales, construir consensos y redactar proyectos de reforma técnica. Sin embargo, este trabajo pierde efectividad cuando el Poder Legislativo omite procesar los documentos entregados por las vías institucionales correspondientes.

Entre los expedientes que se encuentran detenidos sin avance alguno, el dirigente empresarial detalló tres iniciativas en las que participó activamente el organismo. La primera de ellas fue ingresada a la Oficialía de Partes el 14 de marzo de 2025 y propone establecer criterios técnicos sobre los perfiles de idoneidad que deben cumplir las personas juzgadoras dentro del Poder Judicial del Estado. La segunda propuesta fue remitida el 2 de julio de 2025 con el objetivo de reformar aspectos sustanciales de la Ley de Procedimiento Administrativo. Una tercera iniciativa vinculada también a la legislación de la función judicial se entregó el 18 de marzo de 2026.

Cantú Alanís enfatizó que ninguna de estas tres propuestas ha recibido un dictamen por parte de las comisiones dictaminadoras a las que fueron turnadas. Ante este escenario, el líder patronal aclaró que la exigencia del sector privado no consiste en la aprobación automática o acrítica de sus proyectos, sino en el cumplimiento cabal del proceso legislativo. Precisó que dictaminar un documento no equivale a su aprobación, sino al estudio riguroso, la discusión con argumentos y la emisión de una resolución formal que determine si una propuesta se aprueba, se modifica o se desecha.

La representación empresarial hizo referencia a la propuesta de Ley de Coordinación Metropolitana, presentada de forma conjunta con diversas agrupaciones el pasado 31 de agosto de 2026. Aunque reconocieron que este proyecto se halla en su fase inicial de recepción, expresaron su inquietud ante el riesgo de que sufra el mismo rezago procesal que las iniciativas precedentes si no se corrigen los procedimientos internos de la legislatura.

Coparmex Nuevo León cuestionó la figura de la caducidad contemplada en el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado. Esta figura normativa permite dar de baja y archivar definitivamente aquellas iniciativas que no hayan sido atendidas dentro de los plazos reglamentarios. Para el organismo empresarial, la inacción o falta de consenso en una comisión no debiera ser motivo para que un proyecto de ley desaparezca sin haber transitado por un debate público y fundado.

Para resolver este rezago, el organismo planteó un conjunto de reformas a la dinámica parlamentaria, entre las que destaca la implementación de mecanismos de trazabilidad pública que permitan a cualquier ciudadano conocer en tiempo real la ubicación, la comisión responsable y la etapa procesal de cada iniciativa. También demandaron fortalecer los órganos de análisis técnico en las comisiones y reconsiderar las normas de baja automática. Coparmex advirtió que la ineficiencia legislativa desincentiva la participación ciudadana y vulnera la confianza en las instituciones democráticas del estado.

Fuente: Tribuna