Monterrey, Nuevo León. – En el Congreso del Estado de Nuevo León, diversas organizaciones de la sociedad civil presentaron una propuesta de reforma orientada a evitar que las iniciativas promovidas por la ciudadanía sean dadas de baja por caducidad en caso de no ser dictaminadas en un periodo de un año. La iniciativa busca modificar el marco normativo que rige el trabajo de las comisiones legislativas para asegurar que las solicitudes presentadas por habitantes del estado reciban una revisión, análisis y deliberación obligatoria antes de cualquier resolución o descarte administrativo.

La propuesta plantea una modificación directa al artículo 46 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Nuevo León. Dicho apartado establece que los expedientes de iniciativas de ley o de decreto que hayan sido turnados a las distintas comisiones de trabajo sean archivados o dados de baja tras transcurrir doce meses sin que se haya emitido un dictamen correspondiente. Las agrupaciones promoventes argumentan que este mecanismo perjudica la participación ciudadana al tratar por igual las iniciativas de la sociedad y los proyectos presentados por los propios legisladores o por dependencias gubernamentales.

Para respaldar la necesidad del cambio normativo, las organizaciones civiles señalaron que en lo que va de la presente Legislatura se han ingresado un total de 432 iniciativas. Sin embargo, de esa cifra global, únicamente tres proyectos han logrado avanzar hasta el Pleno para su correspondiente discusión y votación por parte de los diputados locales. Esta disparidad en el avance del trabajo de comisiones fue expuesta como un indicador central de la acumulación de asuntos pendientes dentro del Poder Legislativo estatal.

El texto entregado a la Oficialía de Partes busca integrar una excepción explícita dentro del articulado reglamentario. La redacción sugerida especifica lo siguiente: “Se exceptúan de lo dispuesto en el párrafo anterior las iniciativas ciudadanas, las cuales no podrán ser dadas de baja por caducidad sin que previamente hayan sido objeto de análisis, deliberación y dictamen por parte de las comisiones correspondientes”. Con este precepto, las organizaciones buscan garantizar que el Poder Legislativo asuma la responsabilidad de revisar de forma técnica cada propuesta enviada por particulares.

Durante la presentación del documento, Javier Lozano, integrante de la agrupación NL24, explicó la perspectiva de los promoventes respecto al esfuerzo que implica estructurar un proyecto legislativo desde el ámbito civil. De acuerdo con el activista, los ciudadanos que elaboran propuestas de modificación o de creación de marcos legales invierten tiempo de forma voluntaria, sin percibir un sueldo del presupuesto público ni dedicarse de manera profesional a la actividad política, con la intención de aportar mejoras para la entidad.

Lozano enfatizó que, cuando las comisiones omiten analizar las propuestas y permiten que transcurra el plazo legal de un año, el trabajo ciudadano queda anulado sin una justificación de fondo. Esta situación obliga a los grupos de la sociedad civil a reiniciar todo el trámite institucional, elaborando y sometiendo de nueva cuenta sus iniciativas ante el Congreso, lo cual se traduce en un desgaste de recursos y tiempo para los promoventes.

El activista Javier Ponce Flores abordó el escenario de que la propia iniciativa de reforma al artículo 46 no sea atendida por las comisiones y termine por caducar bajo el criterio vigente. Ponce Flores sostuvo que dicha omisión legislativa podría ser impugnada mediante un juicio de amparo indirecto. En su argumentación, expuso que dentro de la doctrina jurídica la caducidad constituye una sanción a la inactividad procesal de las partes; no obstante, en el contexto legislativo actual, aplicar esta figura por falta de dictaminación implica trasladar la inactividad del Congreso hacia los ciudadanos que sí cumplieron con presentar sus proyectos.

Con la entrega de esta propuesta, las organizaciones civiles esperan que las fuerzas políticas representadas en el Congreso de Nuevo León abran un canal de revisión que priorice la participación de la comunidad y modifique la dinámica de procesamiento de asuntos presentados por la ciudadanía.

Fuente: Tribuna