Monterrey, Nuevo León. – El estado de Nuevo León se sitúa en la posición número 22 entre las 32 entidades federativas del país en lo referente a innovación tecnológica y herramientas digitales dentro del ejercicio notarial. Este diagnóstico fue expuesto por el Colegio de Notarios Públicos del Estado de Nuevo León, organismo que calificó dicho panorama como una situación preocupante para una entidad que ha destacado por mantenerse a la vanguardia en diversos sectores del desarrollo local y nacional.

Sobre este escenario, Gabriel Tláloc Cantú Cantú, quien se desempeña como presidente del Colegio de Notarios Públicos de Nuevo León, remarcó que los resultados obtenidos en las mediciones actuales ponen de manifiesto la urgencia de renovar las metodologías de trabajo en las notarías. De acuerdo con el representante del gremio, resulta fundamental aprovechar las herramientas tecnológicas existentes con el propósito de optimizar la eficiencia de los servicios, agilizar los trámites correspondientes y, sobre todo, fortalecer las garantías de seguridad jurídica que se otorgan a los ciudadanos.

Con el fin de atender este rezago y establecer un marco regulatorio moderno, el Colegio de Notarios tomó la determinación de promover una reestructuración normativa. Para ello, el pasado 31 de agosto, la organización presentó de manera formal ante el Congreso del Estado de Nuevo León una iniciativa destinada a crear una nueva Ley del Notariado. La propuesta legislativa tiene como finalidad central fijar lineamientos claros para la incorporación gradual de plataformas digitales y sistemas tecnológicos en la labor notarial cotidiana.

Entre los elementos principales contemplados dentro de este proyecto de ley destaca la validez legal para reconocer instrumentos originales en formato electrónico, la creación e implementación de la firma electrónica notarial y la posibilidad de efectuar actuaciones y procedimientos a distancia. La propuesta enfatiza la necesidad de consolidar una infraestructura que permita una interconexión eficaz y directa entre las diferentes notarías públicas y las dependencias o autoridades gubernamentales involucradas en la gestión de diversos actos jurídicos.

Respecto a la viabilidad de la transición hacia el entorno digital, Marcela Ibarra Campos, titular de la Notaría Pública número 30 del Primer Distrito en el Estado e integrante del Consejo Directivo de la institución notarial, puntualizó que es necesario avanzar en esta dirección siempre que se cuente con el respaldo jurídico pertinente y con la infraestructura de seguridad adecuada. En ese ámbito, destacó el uso de la biometría, una tecnología que ya se encuentra contemplada en la Ley del Notariado vigente en Nuevo León para la verificación de identidad y la prevención de conductas ilícitas como la suplantación de personas. Sin embargo, Ibarra Campos aclaró que los instrumentos tecnológicos constituyen únicamente herramientas de apoyo, dado que subsiste la responsabilidad irremplazable del notario de constatar la capacidad legal de las partes, verificar la libre expresión de su voluntad y asegurar la plena comprensión de los actos jurídicos que celebran.

La acumulación de papelería física representa uno de los retos operativos más críticos para el ejercicio de la función notarial en la entidad. Gabriel Tláloc Cantú Cantú advirtió sobre el crecimiento constante de los volúmenes documentales que deben ser conservados por obligación legal, y señaló de manera enfática que, de mantenerse las dinámicas actuales de almacenamiento, en el plazo de una década los espacios destinados a guardar los libros y protocolos resultarán insuficientes. Ante esta problemática, Ibarra Campos planteó que la utilización del almacenamiento en la nube se perfila como una solución viable para resguardar los libros, apéndices y demás instrumentos públicos, siempre que estos sistemas dispongan de los mecanismos de ciberseguridad correspondientes y mantengan una interconexión constante con las instituciones involucradas.

Los promotores de la norma reafirmaron que la reforma busca brindar certidumbre en el proceso de digitalización, facilitando la transición hacia la reducción gradual del uso de documentos físicos sin descuidar la protección jurídica de la ciudadanía.

Fuente: Tribuna