Monterrey, Nuevo León. – La Comisión Nacional del Agua (Conagua) precisó que la disputa legal referente a la asignación de recursos hídricos contemplados para el proyecto Monterrey VI no se encuentra concluida de forma definitiva. A través de una aclaración técnica e institucional, el organismo federal informó que el procedimiento administrativo y los medios de defensa jurídica promovidos sobre esta concesión se mantienen activos dentro de las instancias jurisdiccionales correspondientes, por lo que la controversia sobre la validez de los derechos de extracción no se puede dar por terminada.

El origen central del litigio administrativo se remonta al año 2024, periodo en el que la autoridad federal del agua inició un procedimiento de extinción por caducidad sobre el título que amparaba un volumen de 473 millones 040 mil metros cúbicos anuales. Este volumen, proveniente del río Tampaón —afluente del río Pánuco—, fue sujeto a dicho proceso normativo debido a que no se registró el aprovechamiento efectivo de los caudales concedidos durante los ejercicios anuales de 2020 y 2021, conforme a los criterios establecidos en la ley aplicable.

Ante la resolución de extinción determinada por el órgano federal, la empresa pública Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey (SADM) promovió un medio de defensa para impugnar el fallo. En respuesta a las acciones emprendidas por el organismo descentralizado local, la representación jurídica de la Conagua interpuso los recursos legales necesarios para sostener la legalidad de la caducidad dictaminada, manteniendo así el asunto en etapa de resolución de fondo por parte de las autoridades judiciales competentes.

Respecto a los compromisos financieros vinculados con la conservación de derechos hídricos, la Conagua reconoció el registro de un pago por un monto de 159 mil 651 pesos realizado por la paraestatal bajo el concepto de Cuota de Garantía de No Caducidad para el ciclo 2022-2023. La dependencia puntualizó que dicho pago corresponde a una temporalidad posterior al periodo observado y cubre solo un 10 por ciento de la asignación global. El organismo federal envió en agosto pasado una carta invitación a SADM para requerir el pago de 172 millones 801 mil 512 pesos por dicho concepto, derivado de la presencia continua de caudales sin utilizar.

Sobre la postura institucional, el director general del Organismo de Cuenca Río Bravo, Luis Carlos Alatorre Cejudo, manifestó que el compromiso del órgano administrativo es aplicar el marco legal y salvaguardar la seguridad hídrica de la entidad. El funcionario remarcó que las concesiones de aguas nacionales conllevan obligaciones legales que requieren atención oportuna, asegurando que la dependencia continuará actuando conforme a derecho en las vías judiciales para dar certeza normativa al suministro hídrico de la población.

A la par de la controversia de Monterrey VI, la autoridad federal advirtió sobre el estado jurídico que guarda otro título de asignación de alta relevancia para el abastecimiento de la Zona Metropolitana de Monterrey. Esta asignación involucra derechos por 355 millones 932 mil metros cúbicos anuales de agua de origen superficial, provenientes de embalses fundamentales como las presas El Cuchillo, Cerro Prieto y La Boca, además de 295 anexos de extracción subterránea que representan un volumen acumulado de 154 millones 356 mil 546 metros cúbicos.

De acuerdo con la información aportada por la Conagua, Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey tenía el compromiso legal de ingresar la solicitud formal de prórroga para la conservación de este título a más tardar el 16 de noviembre de 2021. Sin embargo, la dependencia federal constató que la petición fue ingresada de manera extemporánea, situación que coloca en revisión administrativa la continuidad formal de estos volúmenes estratégicos para la región.

Fuente: Tribuna