Monterrey, Nuevo León. – El Pleno del Congreso del Estado de Nuevo León aprobó un punto de acuerdo para dar vista a la Auditoría Superior del Estado y a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, con la finalidad de que investiguen una posible duplicidad de funciones por parte de Ulises Carlín. La resolución instruye a ambas instancias fiscalizadoras y persecutoras a revisar si el funcionario público incurrió en irregularidades administrativas o legales al desempeñarse de forma simultánea como consejero jurídico del Gobierno del Estado y como encargado de despacho de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado. La propuesta fue avalada por la mayoría de la asamblea legislativa, con un resultado final de 29 votos a favor y 9 en contra durante el desarrollo de la sesión plenaria.

La iniciativa, impulsada por la bancada del Partido Acción Nacional, tuvo su origen en las advertencias presentadas por el asesor jurídico externo del Congreso local, Ricardo Tamez. Según lo expuesto en el documento oficial turnado ante el Pleno, se hicieron del conocimiento del Poder Legislativo una serie de actuaciones jurídicas e institucionales que sugerirían que Carlín continuó ejerciendo las facultades y atribuciones inherentes al cargo de consejero jurídico del Poder Ejecutivo estatal, aun después de haber asumido la titularidad interina de la Tesorería.

Dentro del cúmulo de elementos probatorios aportados en el expediente de la denuncia, se destacan al menos cuarenta y una promociones jurídicas tramitadas y firmadas por Carlín en su calidad de consejero jurídico ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el transcurso del presente año. A dichos trámites se suma la presentación de una controversia constitucional promovida el pasado diecinueve de mayo, así como un recurso adicional radicado el veinticuatro de junio, en el cual el propio titular del Poder Ejecutivo estatal, Samuel García, habría reconocido a Carlín con el carácter de consejero jurídico de la administración pública.

Esta serie de actuaciones procesales contrasta con el nombramiento formal emitido mediante oficio con fecha del primero de enero, con efectos a partir del 2 de enero del año en curso, a través del cual se designó a Ulises Carlín como encargado de despacho de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado. La coexistencia de ambas asignaciones y el ejercicio simultáneo de actos de autoridad podrían vulnerar de manera directa lo estipulado en el artículo ciento noventa de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, ordenamiento fundamental que prohíbe taxativamente a los servidores públicos desempeñar dos o más cargos o empleos remunerados con recursos estatales de manera simultánea.

El escrito fundamenta la posible comisión de infracciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado en su artículo undécimo, así como al artículo treinta y uno de la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos. Este último precepto legal establece con claridad que al momento en que un funcionario público asume un nuevo puesto remunerado con cargo al presupuesto gubernamental, se produce el cese por ministerio de ley en el encargo ejercido con anterioridad, condición que presuntamente no se cumplió en el caso analizado debido a las continuas actuaciones procesales suscritas ante instancias judiciales de carácter federal.

En sus declaraciones ante el Poder Legislativo, el abogado asesor Ricardo Tamez subrayó la urgencia de que las autoridades competentes realicen una auditoría exhaustiva sobre las percepciones económicas y sueldos que pudo haber devengado el funcionario durante el periodo señalado. Tamez enfatizó que, dada la coexistencia formal de ambos nombramientos en la práctica operativa, corresponderá a las instituciones investigadoras determinar si existió una percepción indebida de emolumentos, así como evaluar la procedencia de solicitar la suspensión temporal de ambos cargos mientras se deslindan las responsabilidades correspondientes.

Tras la aprobación del acuerdo en la sesión legislativa, la Oficialía Mayor del Congreso de Nuevo León tiene la encomienda formal de remitir una copia debidamente certificada del escrito promovido, junto con sus anexos y la totalidad de los documentos procesales acumulados, tanto a la Auditoría Superior del Estado como a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. Ambas instancias deberán desahogar las indagatorias bajo el marco del debido proceso y resolver conforme a derecho, manteniendo el principio de imparcialidad y sin prejuzgar a priori sobre la existencia de faltas administrativas o conductas constitutivas de delito.

Fuente: Tribuna