Monterrey, Nuevo León. – El Poder Legislativo del Estado de Nuevo León declinó la invitación extendida por el Gobierno del Estado para participar en las mesas de trabajo destinadas a la construcción del Presupuesto Estatal para el ejercicio fiscal 2027. La postura asumida por la oposición responde tanto a señalamientos sobre inconsistencias en el formato de la convocatoria emitida por la administración central como a una exigencia explícita: que el Ejecutivo estatal liquide los adeudos financieros pendientes con los municipios de la entidad antes de entablar cualquier negociación relativa al gasto público del año venidero.

Desde el grupo legislativo del Partido Acción Nacional se dio a conocer que el oficio de invitación remitido por el Ejecutivo fue dirigido de manera exclusiva a la Tesorería del Congreso local y no a las bancadas o a los diputados que integran la legislatura. Los legisladores puntualizaron que el Tesorero de la soberanía estatal carece de las atribuciones normativas para discutir, definir o negociar el paquete presupuestal correspondiente al Poder Legislativo. De acuerdo con el procedimiento orgánico de la Cámara, la definición de las partidas presupuestarias recae en la Comisión de Coordinación y Régimen Interno (COCRI), correspondiéndole a la Tesorería únicamente la ejecución de los recursos una vez aprobados. Por este motivo, se calificó la convocatoria como un trámite improcedente en la forma planteada por el Gobierno estatal.

A la par de los señalamientos de carácter procedimental, las bancadas opositoras reiteraron la condición previa fijada en reuniones anteriores para reanudar el diálogo institucional en materia fiscal. Los legisladores exigieron que el Gobierno de Nuevo León regularice de forma inmediata los pagos diferidos y las transferencias adeudadas a los municipios. De acuerdo con las posturas expresadas por los representantes parlamentarios, el Poder Legislativo no participará en mesas de negociación presupuestaria mientras la administración estatal mantenga retenidos o en mora los recursos destinados a los ayuntamientos, los cuales resultan indispensables para la prestación de servicios públicos esenciales en las diversas localidades.

Las bancadas que rechazan el encuentro cuestionaron el argumento esgrimido por el Ejecutivo relativo a una presunta escasez o insuficiencia de fondos como causa de los retrasos en las entregas financieras a los municipios. Para rebatir dicha posición, los diputados recurrieron a las cifras oficiales contenidas en los informes de finanzas públicas. Indicaron que en la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2025 se contempló un monto estimado de ingresos de 156 mil millones de pesos; al cierre de ese periodo, los ingresos reales captados por la hacienda estatal alcanzaron aproximadamente los 191 mil millones de pesos, lo que representó un superávit considerable en comparación con lo proyectado.

Al analizar los estados financieros más recientes, correspondientes al segundo trimestre del presente año 2026, los legisladores señalaron que la tendencia de recaudación anualizada sugiere que Nuevo León concluirá el ejercicio presupuestal con ingresos superiores a los 170 mil millones de pesos. Bajo este análisis numérico, los grupos parlamentarios de oposición argumentaron que no existe un sustento financiero real que justifique la falta de liquidez o el incumplimiento de las participaciones municipales, acusando al Gobierno estatal de utilizar la supuesta carencia de recursos como un pretexto para justificar los atrasos y dilatar el cumplimiento de sus obligaciones legales.

La inasistencia programada para esta reunión no constituye el primer estancamiento en la relación entre ambos poderes respecto a la materia presupuestal. Tras el anuncio del gobernador Samuel García sobre la intención de reunir a representantes de los distintos poderes y organismos autónomos, se llevó a cabo un primer encuentro al que asistieron el encargado de despacho de la Tesorería Estatal, Ulises Carlín, y el secretario general de Gobierno, Miguel Flores, junto con legisladores de Movimiento Ciudadano, el Partido Verde Ecologista de México, el Partido del Trabajo y diputados independientes. A ese acercamiento inicial tampoco acudieron representantes de los grupos parlamentarios de Morena, el Partido Revolucionario Institucional, el Partido Acción Nacional ni el Partido de la Revolución Democrática, consolidando un escenario de fragmentación en las conversaciones fiscales de la entidad.

Fuente: Tribuna