Monterrey, Nuevo León. – El marco legal de Nuevo León contempla la movilidad ciclista como un derecho de las personas usuarias de la vía pública; sin embargo, la ausencia de recursos financieros asignados de manera específica en el presupuesto estatal amenaza con mantener estas disposiciones en un plano meramente declarativo. Así lo advirtió la diputada local y presidenta de la Comisión de Presupuesto del Congreso del Estado, Lorena de la Garza, quien señaló la urgencia de alinear los ordenamientos legales vigentes con las partidas presupuestales indispensables para su implementación real en los municipios de la entidad

La legisladora dio a conocer que encabeza una revisión detallada de las más de 170 leyes estatales existentes en Nuevo León. El propósito central de este análisis consiste en diagnosticar cuáles de estas normas cuentan con el sustento económico garantizado para su operatividad y cuáles han sido aprobadas únicamente como intenciones normativas sin un respaldo financiero que permita su aplicación en el territorio. De acuerdo con la diputada, un número significativo de ordenamientos carece de las herramientas presupuestarias necesarias para traducirse en obras y servicios públicos tangibles.

En el caso particular de la movilidad no motorizada y el uso de la bicicleta como medio de transporte, De la Garza precisó que la Ley de Movilidad reconoce el derecho de los ciclistas a desplazarse por vialidades en condiciones óptimas y seguras. La representante parlamentaria subrayó que dicho reconocimiento formal no fue acompañado por la inclusión de un capítulo específico dentro del presupuesto estatal destinado al desarrollo, mantenimiento o expansión de infraestructura ciclista en la Zona Metropolitana de Monterrey y el resto de los municipios.

Respecto al calendario de trabajo, la presidenta de la Comisión de Presupuesto estimó que el informe sobre el estado de las leyes locales estará concluido en un periodo aproximado de uno a dos meses. Una vez finalizado el diagnóstico, la información será compartida con los presidentes de las distintas comisiones legislativas del Congreso local. Con esto se busca determinar qué normativas disponen de liquidez suficiente y cuáles deberán ser consideradas de manera prioritaria durante las discusiones y negociaciones de los próximos paquetes fiscales estatales.

Integrantes de la bancada del Partido Acción Nacional expresaron la necesidad de revisar a fondo la estrategia implementada durante los últimos años para la edificación de ciclovías en los municipios metropolitanos. Los legisladores panistas argumentaron que algunos de los proyectos ejecutados previamente no han ofrecido soluciones efectivas a los problemas de tránsito y movilidad urbana. Como consecuencia de este diagnóstico, algunas administraciones municipales han tomado la determinación de modificar o retirar tramos de infraestructura ciclista, lo que hace indispensable evaluar qué proyectos han demostrado ser funcionales y en qué condiciones podrían reestructurarse o ampliarse hacia otras zonas.

La falta de asignación financiera evidencia además una problemática histórica en el ecosistema urbano del estado. Las alternativas para la movilidad en bicicleta continúan concentrándose de manera prioritaria en circuitos de carácter recreativo o deportivo que conectan parques y áreas públicas de esparcimiento. Esta distribución deja sin cobertura a los usuarios que requieren utilizar la bicicleta como un medio diario de transporte utilitario, al no existir vías conectadas de forma continua que permitan el traslado hacia centros de trabajo, escuelas, establecimientos comerciales o de un municipio metropolitano a otro.

Esta situación contrasta con los planes gubernamentales planteados en administraciones anteriores. En el año 2014, el gobierno del estado presentó el Biciplan, también denominado Plan Maestro de Movilidad Ciclista, un proyecto de infraestructura que preveía la construcción e integración de 150 kilómetros de vías ciclistas intermunicipales. Dicha propuesta no llegó a consolidarse en la práctica, dejando pendiente la conformación de una red de transporte alternativo integral para la entidad.

Con el análisis presupuestal en marcha dentro del Congreso local, la discusión sobre el futuro de las ciclovías y la movilidad sustentable en Nuevo León dependerá de la capacidad de las autoridades estatales y municipales para articular leyes vigentes con presupuestos públicos concretos en las futuras partidas del gasto estatal.

Fuente: Tribuna