Monterrey, Nuevo León. – El proceso legal emprendido por el exsecretario de Seguridad de Nuevo León, Aldo Fasci Zuazua, en contra del rector de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), Santos Guzmán López, ha escalado al ámbito de la opinión pública tras la formalización de una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR). La querella presentada acusa al titular de la máxima casa de estudios por un presunto desvío de recursos públicos que ascendería a una cifra superior a los 2 mil 200 millones de pesos, involucrando a diversos funcionarios universitarios y apuntando a operaciones financieras presuntamente irregulares articuladas a través de redes corporativas.
De acuerdo con los datos difundidos por el propio denunciante, la acción legal fue interpuesta ante las instancias ministeriales federales a principios de agosto, logrando su ratificación jurídica hacia el cierre de dicho mes. Tras este trámite procesal, Fasci adelantó que revelaría los pormenores del expediente y los documentos probatorios entregados a la autoridad investigadora para fundamentar las acusaciones sobre el manejo financiero al interior de la institución educativa.
Los señalamientos de carácter administrativo y financiero abarcan de manera cronológica distintas etapas de la trayectoria directiva que Santos Guzmán ha sostenido dentro de la estructura de la universidad. Entre los periodos cuestionados en la querella destacan su paso por la Facultad de Medicina y el Hospital Universitario, su desempeño institucional como secretario general de la UANL durante el lapso de 2018 a 2020, así como su primera gestión al frente de la rectoría en el periodo comprendido entre 2021 y 2024.
La acusación ante la justicia federal no recae exclusivamente sobre la figura del rector, sino que extiende presuntas responsabilidades hacia otros personajes vinculados con la administración universitaria. Entre los nombres señalados por el exfuncionario figura David Castillo, quien ocupa la dirección de la Facultad de Derecho y Criminología, además de un familiar directo del propio rector. Según los argumentos expuestos en la denuncia, estas personas habrían participado presuntamente en un esquema de operación y triangulación de recursos financieros mediante la utilización de diversas empresas y razones sociales.
Frente a la gravedad de los señalamientos públicos, la Universidad Autónoma de Nuevo León emitió una postura institucional a través de su área de Comunicación Social, mediante la cual rechazó cualquier acusación relacionada con el desvío de fondos. La casa de estudios argumentó que los ejercicios fiscales correspondientes a la administración de Santos Guzmán han sido sometidos a rigurosas auditorías por parte de las instancias técnicas competentes, tanto a nivel federal como estatal.
La institución educativa enfatizó que sus recursos financieros son revisados con frecuencia por órganos de fiscalización externa e interna, asegurando que cada una de las situaciones observadas en los ejercicios anteriores ha sido solventada de forma oportuna, legal y adecuada a la normatividad vigente. Voceros de la universidad manifestaron su sorpresa, señalando que durante el actual periodo rectoral no se habían presentado cuestionamientos similares que pusieran en duda la transparencia financiera institucional.
A pesar de su postura institucional, la UANL ratificó su disposición absoluta para colaborar con las autoridades correspondientes y mantenerse a la expectativa de cualquier requerimiento oficial que emita la Fiscalía General de la República para esclarecer los hechos conforme a los principios de rendición de cuentas.
El caso se encuentra en una fase de integración ministerial ante la justicia federal, instancia que tendrá la responsabilidad de analizar la documentación aportada por el denunciante, evaluar los elementos probatorios y determinar la existencia de indicios constitutivos de delitos financieros. Las imputaciones presentadas forman parte de una denuncia formal y no constituyen por sí mismas una sentencia condenatoria ni una definición de responsabilidad penal para los involucrados.
Fuente: Tribuna