Monterrey, Nuevo León. – El proceso legal en contra de José ‘N’, propietario de la desarrolladora inmobiliaria Proyectos 9, sumó un nuevo capítulo judicial luego de que una autoridad judicial determinara su quinta vinculación a proceso por el delito de fraude. Esta resolución deriva de las investigaciones ministeriales centradas en los recursos aportados por distintos inversionistas para el proyecto conocido como Gómez Morín 911, un complejo habitacional proyectado en el municipio de San Pedro Garza García.

La determinación fue tomada por un juez de Control al concluir una audiencia en la que se evaluaron los elementos probatorios integrados en diversas carpetas de investigación que fueron acumuladas por el Ministerio Público. De acuerdo con la indagatoria presentada por la fiscalía estatal, los recursos involucrados en este expediente corresponden a múltiples afectados que denunciaron la falta de cumplimiento en la entrega de los inmuebles y la retención de sus inversiones económicas.

El proyecto inmobiliario que motivó esta nueva acusación contemplaba la edificación de departamentos en un predio ubicado dentro de un conocido sector comercial de San Pedro, el cual formaba parte del portafolio comercial de la empresa. Tras valorar los argumentos expuestos durante la diligencia judicial, la autoridad estimó que existen indicios suficientes para mantener al empresario sujeto a proceso penal bajo la medida cautelar de prisión preventiva, misma que continuará cumpliendo en un centro penitenciario estatal mientras avanzan las indagatorias.

Esta resolución judicial representa la quinta ocasión en que el empresario enfrenta un auto de vinculación desde que se ejecutó su orden de aprehensión por parte de las autoridades investigadoras. Las acusaciones previas están asociadas a diversos desarrollos urbanísticos tanto en territorio nuevoleonés como en zonas turísticas de otras entidades federativas, los cuales abarcaban complejos residenciales y comerciales promovidos bajo diferentes denominaciones mercantiles y esquemas de preventa.

Las investigaciones acumuladas por la fiscalía agrupan un volumen considerable de querellas presentadas por particulares que reclamaban la devolución de sus recursos o la culminación de las obras pactadas en contrato. Entre los desarrollos inmobiliarios que han figurado de manera reiterada en las carpetas de investigación se encuentran complejos de usos mixtos y torres residenciales ubicados en zonas de alta plusvalía metropolitana, los cuales enfrentaron retrasos prolongados o la interrupción total de sus actividades constructivas.

Las indagatorias ministeriales han incluido a otros representantes y colaboradores que formaban parte de la estructura administrativa de la desarrolladora, con el propósito de esclarecer el destino de los flujos financieros y la celebración de los contratos de inversión. Las denuncias señalan presuntas irregularidades operativas y administrativas en la gestión de los fondos captados para los distintos proyectos inmobiliarios que la compañía ofrecía en el mercado regional.

Con esta nueva resolución, el procedimiento legal en contra del propietario de Proyectos 9 avanza hacia las siguientes etapas procesales, mientras la fiscalía continúa con las indagatorias complementarias para deslindar responsabilidades financieras y atender las demandas de los ciudadanos afectados por la falta de entrega de los desarrollos inmobiliarios en los plazos originalmente establecidos por la empresa desarrolladora.

Las autoridades judiciales recordaron que las medidas cautelares impuestas buscan garantizar la presencia del imputado durante el desarrollo de las etapas procesales venideras, en tanto se desahogan las pruebas periciales y financieras necesarias para esclarecer el panorama legal de los proyectos inmobiliarios cuestionados por los inversores.

Fuente: Tribuna