Monterrey, Nuevo León. – Por segunda ocasión consecutiva, las mesas de trabajo convocadas por el gobierno de Nuevo León con el propósito de analizar y consensuar el Paquete Fiscal se vieron envueltas en la polémica debido a la notable ausencia de representantes institucionales. En esta oportunidad, los organismos autónomos y diversos poderes del estado no acudieron al llamado realizado en las instalaciones de la Tesorería estatal, dejando vacíos la mayoría de los espacios destinados al diálogo técnico y financiero.

A diferencia de la convocatoria anterior, el rechazo provino de los coordinadores de las distintas fuerzas políticas representadas en el Congreso local; en esta segunda sesión la ausencia se extendió a otras instancias clave del aparato público. La reunión estuvo encabezada por el encargado de la Tesorería estatal y por el secretario general de Gobierno, quienes buscaban establecer los canales de comunicación necesarios para evaluar las demandas presupuestales de las diversas dependencias de cara al próximo ejercicio anual.

El escaso quórum quedó patente al registrar la presencia solo de las titulares del Instituto Estatal Electoral y del Tribunal Electoral del Estado. Ambas funcionarias aprovecharon el espacio para exponer ante la representación del Ejecutivo las necesidades financieras prioritarias que enfrentan sus respectivas instituciones, enfocadas en la cobertura operativa y logística requerida para el desarrollo de los próximos procesos electorales en la entidad.

La convocatoria fue ignorada por los líderes de las bancadas legislativas, y por los titulares de la Fiscalía General de Justicia, la Auditoría Superior del Estado y la Comisión Estatal de Derechos Humanos, quienes optaron por no presentarse a la mesa de trabajo programada. Esta situación generó una postura de inconformidad por parte de los funcionarios estatales encargados de moderar el encuentro, en especial por parte del responsable de la política interna del estado.

Durante su intervención, el secretario general de Gobierno externó su molestia ante el desplante institucional y cuestionó la congruencia de aquellos actores que critican al Ejecutivo por una supuesta falta de apertura al diálogo, pero que, al momento de ser convocados a mesas de concertación y análisis presupuestal, deciden ausentarse. El funcionario enfatizó que este tipo de actitudes obstaculizan la construcción de acuerdos necesarios para la gobernabilidad y el correcto ejercicio de los recursos públicos.

El funcionario adelantó que la administración estatal no dará por cerrados los canales de comunicación y convocará a una tercera y última mesa de trabajo para intentar destrabar la discusión del presupuesto. Advirtió que la estrategia de enviar comunicados o desplegados que denuncian una supuesta cerrazón institucional pierde validez cuando se rechazan de manera reiterada las invitaciones oficiales al intercambio de ideas y propuestas técnicas.

En paralelo al desarrollo de estas mesas locales de concertación financiera, el gobierno estatal ha dado a conocer proyecciones favorables en el ámbito federal de cara al siguiente periodo fiscal. De acuerdo con las estimaciones preliminares derivadas del análisis del paquete económico federal presentado ante el Congreso de la Unión, la entidad contempla percibir un incremento en los recursos asignados mediante el gasto programable, así como mejoras en los rubros correspondientes a participaciones y aportaciones federales.

Estas expectativas de crecimiento en los ingresos federales buscan respaldar los proyectos de inversión pública y los programas sociales proyectados para el estado, permitiendo amortiguar los retos financieros locales. Sin embargo, la falta de consenso interno y el distanciamiento entre los poderes públicos y los organismos autónomos continúan representando un obstáculo político para la integración armónica del presupuesto estatal definitivo. La administración estatal confía en que la próxima convocatoria logre romper el hielo institucional y permita avanzar hacia la consolidación de un paquete fiscal consensuado que garantice la operatividad de todas las instituciones públicas de Nuevo León.

Fuente: Tribuna