San Pedro Garza García, Nuevo León. – Un grupo de ciudadanos del municipio de San Pedro Garza García acudió a las instalaciones de la Torre Administrativa, ubicadas en el centro de Monterrey, para interponer una denuncia ante la Secretaría de Medio Ambiente de Nuevo León en contra del ayuntamiento local. La inconformidad surge por las presuntas afectaciones ecológicas y de seguridad derivadas de las obras de instalación de luminarias y cableado subterráneo que se llevan a cabo en la tradicional zona de Las Calzadas.
La comitiva de inconformes entregó a la dependencia estatal una carpeta con evidencias documentales para respaldar su solicitud de una inspección exhaustiva en la zona de los trabajos. Los peticionarios exigen la imposición inmediata de medidas de seguridad pertinentes y la reparación de los daños ecológicos que ya se habrían ocasionado a los árboles del sector, los cuales cuentan con décadas de antigüedad y cumplen una función clave en la preservación del microclima, la mitigación de la contaminación y el bienestar estético y ambiental del entorno urbano.
Al frente del grupo de manifestantes, el activista Nesib Inayeh explicó que el propósito central de esta acción legal y administrativa es lograr la suspensión temporal del proyecto municipal. Señaló que la intervención no solo pone en riesgo el patrimonio natural de la comunidad, sino que también genera serias dudas sobre la capacidad operativa de la red eléctrica local para soportar la gran carga de energía requerida por el total de las nuevas lámparas proyectadas para el corredor, lo que podría derivar en saturación de las líneas y fallas recurrentes en el suministro general para los hogares circundantes.
Los inconformes adelantaron que las acciones de supervisión ciudadana no se limitarán a la Secretaría de Medio Ambiente. Durante los próximos días, los vecinos planean acudir ante otras instancias clave de fiscalización y procuración de justicia en el estado, tales como la Contraloría municipal o estatal y la Fiscalía Anticorrupción, con el firme objetivo de que se audite a fondo la viabilidad del proyecto, los procedimientos de adjudicación y el manejo financiero de los recursos públicos destinados a esta obra de infraestructura.
Valeria Villarreal Garza, vecina del municipio y consultora en sustentabilidad, advirtió sobre los peligros operativos que estas intervenciones urbanas representan para la ciudadanía, durante las actividades recreativas de los fines de semana. Señaló que en espacios de alta concurrencia familiar, la presencia de infraestructura eléctrica subterránea mal supervisada o con registros expuestos podría representar un riesgo latente de accidentes para los niños y transeúntes que frecuentan el área con frecuencia.
Villarreal también cuestionó la pertinencia técnica de las decisiones tomadas por las autoridades locales, señalando que la planeación urbana debe estar fundamentada en estudios científicos y técnicos previos muy rigurosos, y no solo en criterios de modernización superficial. A su juicio, la falta de perfiles especializados en las dependencias encargadas de estos proyectos suele derivar en daños colaterales irreparables para el espacio público y la seguridad de la comunidad residencial.
Chantall Nickin, residente del sector, expresó su profundo desacuerdo con que la administración municipal priorice obras de esta naturaleza por encima de la conservación de los ejemplares arbóreos maduros. La vecina enfatizó que los árboles afectados, que han tomado décadas en desarrollarse por completo, representan un escudo ambiental invaluable frente al crecimiento urbano y el deterioro de la calidad del aire en la zona metropolitana.
Los denunciantes coincidieron en que la participación ciudadana organizada es una herramienta fundamental para exigir transparencia y rendición de cuentas a las autoridades municipales. Hicieron un llamado enfático a que se implementen mecanismos de consulta pública y diagnósticos ambientales rigurosos antes de ejecutar obras que alteren de manera irreversible el entorno urbano, priorizando la protección del patrimonio natural por encima de intereses administrativos unilaterales.
Fuente: Tribuna