Monterrey, Nuevo León. – El debate en torno a la implementación de las normativas de control vehicular en el estado ha generado una nueva reacción en el ámbito legislativo, luego de que diversas representantes populares advirtieran sobre la inconstitucionalidad de las disposiciones recientes. Integrantes de distintas fuerzas políticas manifestaron que las restricciones enfocadas en regular el acceso y la circulación de automóviles con matrículas procedentes de otras entidades federativas enfrentarán una fuerte oposición en los tribunales mediante la presentación masiva de amparos.
De acuerdo con los posicionamientos emitidos por legisladoras de oposición, la medida conocida como Pase Turístico carece de sustento constitucional sólido debido a que contraviene el derecho fundamental al libre tránsito consagrado en la carta magna del país. Las representantes populares señalaron que la movilidad de las personas y de sus unidades de transporte a lo largo del territorio nacional no puede verse limitada, salvo bajo supuestos muy específicos contemplados por la ley, tales como la comisión flagrante de una falta administrativa o la existencia de una resolución judicial fundamentada, situaciones que no se configuran con la simple portación de placas foráneas.
Se indicó que las inconformidades externadas por sectores ciudadanos y automovilistas afectados han propiciado una organización preliminar entre diversos grupos para tramitar los recursos legales pertinentes ante las instancias federales correspondientes. Las estimaciones de las legisladoras apuntan a que los tribunales federales podrían otorgar fallos favorables a los promoventes, al considerar que la normativa estatal excede las facultades de control local y vulnera prerrogativas constitucionales básicas que garantizan la circulación sin trabas por el territorio nacional.
Desde la bancada de Movimiento Ciudadano se reiteró el deslinde absoluto respecto al origen y la aprobación de la iniciativa que dio pie a estas modificaciones normativas, subrayando que las restricciones vehiculares no forman parte de una agenda promovida por su grupo político. Se enfatizó que cualquier intento por condicionar el tránsito de vehículos bajo el argumento de un control administrativo o turístico representa una carga innecesaria para los ciudadanos que visitan o cruzan la entidad por motivos laborales, familiares o de esparcimiento.
Las representantes del grupo parlamentario de Morena expresaron su rechazo frontal a la normativa, recordando que sus integrantes votaron en contra de las reformas legislativas que permitieron habilitar este tipo de restricciones. Argumentaron que la creación de nuevas disposiciones administrativas con implicaciones de control fiscal o regulatorio suele traducirse en afectaciones a la economía de las familias, incluso cuando se instrumentan bajo esquemas de gratuidad inicial. Cuestionaron la congruencia de las fuerzas políticas que respaldaron la aprobación de la ley en el recinto legislativo, señalando que las prioridades gubernamentales deberían enfocarse en resolver necesidades prioritarias antes de implementar medidas que obstaculicen la movilidad metropolitana.
Las críticas hacia el marco normativo también han puesto sobre la mesa la discusión acerca de la pertinencia de justificar este tipo de controles bajo argumentos de seguridad u orden público. Voces legislativas han señalado que no existen elementos estadísticos oficiales ni diagnósticos públicos robustos que demuestren que los vehículos con registro foráneo constituyan un factor determinante en la incidencia delictiva o en la generación de problemáticas graves para la infraestructura vial del estado. Por el contrario, se advierte que la aplicación de estas disposiciones podría generar un clima de incertidumbre jurídica y desalentar la llegada de visitantes y flujos comerciales esenciales para la dinámica económica de la región.
Mientras las acciones legales comienzan a estructurarse para su presentación ante los órganos jurisdiccionales competentes, el panorama político y social en torno al ordenamiento vehicular continúa polarizado. Los legisladores inconformes insistieron en que mantendrán una vigilancia estricta sobre la aplicación de las normativas, apostando a que la vía judicial sea el mecanismo que restituya las garantías constitucionales de libre circulación y frene lo que califican como un exceso en la reglamentación del tránsito local. La resolución de estos juicios de amparo marcará un precedente fundamental en la relación entre las disposiciones estatales de movilidad y los derechos federales de los ciudadanos en el territorio nuevoleonés.
Fuente: Tribuna