Monterrey, Nuevo León. – La administración municipal de Monterrey ha tomado una postura firme frente a los recientes lineamientos de movilidad impulsados a nivel estatal, garantizando que los automóviles equipados con placas de matriculación expedidas por otras entidades federativas podrán circular por todo el territorio regiomontano sin enfrentar ningún tipo de contratiempo, obstáculo o limitación operativa. Durante un pronunciamiento ante los medios de comunicación y la ciudadanía, el alcalde Adrián de la Garza expresó cuestionamientos severos en torno a la ausencia de mecanismos de coordinación institucional y socialización previa entre el Gobierno del Estado de Nuevo León y los diferentes ayuntamientos que conforman el área metropolitana, de cara a la entrada en vigor del nuevo esquema de control vehicular.
El programa de regulación, cuyo inicio de aplicación se encuentra programado para el próximo 21 de octubre, ha generado fricciones notables en el ámbito político y administrativo local. Ante este panorama, el munícipe argumentó que la decisión de su administración de no desplegar operativos de vigilancia ni fiscalización específicos dirigidos a los automotores foráneos responde a la falta de consultas oportunas y mesas de trabajo con las autoridades municipales. Según señaló el alcalde, a pesar de que la propuesta ha estado presente desde octubre de 2025, otorgando un margen considerable de tiempo para buscar acuerdos bilaterales y esquemas de colaboración, la omisión en la integración de los gobiernos locales en el diseño de la estrategia ha propiciado una respuesta contraria a la directriz gubernamental.
El municipio de Monterrey se suma al bloque de demarcaciones metropolitanas que han fijado una postura coincidente en favor del libre tránsito y la protección de los automovilistas. Ayuntamientos vecinos como San Nicolás, Escobedo, García, San Pedro y Apodaca comparten la misma directriz institucional, asegurando que las corporaciones de tránsito y vialidad bajo su jurisdicción no limitarán la circulación de los conductores ni utilizarán el origen geográfico de las placas como motivo suficiente para aplicar sanciones, multas o apercibimientos administrativos. El objetivo primordial de estas administraciones locales radica en salvaguardar la movilidad cotidiana de visitantes, turistas y trabajadores que provienen de distintos puntos de la República Mexicana por motivos laborales, turísticos o comerciales.
Las autoridades municipales han enfatizado que la falta de un conocimiento oficial detallado sobre las reglas específicas de operación, los mecanismos de vigilancia y el alcance de las facultades que supuestamente tendrán los ayuntamientos para supervisar a los automovilistas mantiene un escenario complejo de incertidumbre jurídica. Para el alcalde regiomontano, la implementación de un sistema de esta naturaleza sin el consenso técnico y administrativo necesario impide una adecuada coordinación operativa, lo que a su vez vulnera las expectativas de gobernanza metropolitana eficiente y cooperación institucional.
El posicionamiento adoptado por los gobiernos municipales ocurre en un contexto más amplio de debate político y legal en torno a la constitucionalidad y viabilidad del denominado Pase Turístico. Diversas voces críticas e incluso pronunciamientos externos, como el cuestionamiento público sobre la legalidad y constitucionalidad de la medida estatal, han alimentado una discusión constante sobre los límites competenciales entre las administraciones estatales y los municipios en materia de tránsito y libre circulación en las vías públicas.
Mientras persisten las divergencias institucionales en torno a la vigencia, las reglas de operación y los criterios de supervisión que regirán el control vehicular en Nuevo León, los municipios metropolitanos reafirman su compromiso de mantener las vialidades abiertas a toda la ciudadanía. Con ello, buscan evitar afectaciones a la dinámica económica y social de la región metropolitana, garantizando que el flujo vehicular cotidiano no se vea entorpecido por regulaciones que carecen de un acuerdo metropolitano consolidado y transparente entre las instancias estatales y municipales involucradas.
Fuente: Tribuna