Monterrey, Nuevo León. – La iniciativa, encabezada por el diputado priista Jericó Abramo Masso, integrante de la Comisión de Hacienda, contempla la modificación de 14 artículos pertenecientes a nueve ordenamientos legales, entre los que destacan la Ley de Ingresos de la Federación, la Ley del Impuesto sobre la Renta y la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas. El dictamen se construyó a partir de 12 propuestas presentadas el año pasado y otras siete sumadas en 2026, logrando el aval transversal de diversas fuerzas políticas como Morena, PVEM, PT, PRI, Movimiento Ciudadano y PAN para su discusión en el periodo ordinario.

El proyecto normativo obliga a los hospitales privados a publicar de manera transparente sus tabuladores de precios, exige a las instituciones aseguradoras justificar de forma detallada cada incremento en las pólizas y otorga a los usuarios el derecho de cambiar de compañía aseguradora sin perder la antigüedad acumulada. De acuerdo con los promotores, el mercado operaba bajo una estructura cerrada y con escasos contrapesos, configurando un esquema de tipo oligopólico donde la falta de competencia afectaba de manera directa al asegurado final.

Uno de los sectores más vulnerables ante esta problemática es el de los adultos mayores. Los usuarios de entre 45 y 60 años enfrentan incrementos de hasta un 80 por ciento cada dos años, mientras que para los mayores de 65 años los aumentos han alcanzado el 60 por ciento, con primas que superan los 300 mil pesos anuales. Este desequilibrio responde a la siniestralidad del segmento: aunque los mayores de 60 representan apenas el 16 por ciento de la población asegurada, concentran el 44 por ciento del gasto en siniestros individuales. Como consecuencia, de los 15 millones de personas con este tipo de cobertura en el país, cerca de tres millones enfrentan el riesgo inminente de perderla por la absoluta imposibilidad de cubrir los costos.

A nivel nacional, el conflicto se refleja en el incremento de reclamaciones ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), donde las quejas contra el sector asegurador registraron un crecimiento del 8 por ciento en el primer cuatrimestre del año. Para contrarrestar esta tendencia, la reforma dota a la Profeco y a la Condusef de facultades directas para supervisar, auditar y sancionar mediante multas que oscilan entre las 500 y las 2 mil Unidades de Medida y Actualización (UMA). Asimismo, se fija como meta gubernamental que la inflación médica anual no rebase el 8 por ciento, reduciendo a menos de la mitad los niveles actuales.

En el ámbito regional, Nuevo León figura como una de las cuatro entidades que concentran seis de cada diez reclamos a nivel nacional, junto con la Ciudad de México, el Estado de México y Jalisco. Los datos de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) indican que los mayores desembolsos en la entidad correspondieron a padecimientos generales, cáncer, tumores y accidentes, con incrementos locales en primas que oscilaron entre el 15 y el 20 por ciento. Actores políticos locales han advertido sobre el impacto económico en las regiones de mayor desarrollo, impulsando exhortos legislativos para exigir mayor transparencia en coberturas y deducibles.

Por su parte, la industria aseguradora ha defendido sus números al señalar que la inflación médica estimada para 2026 ronda el 14.8 por ciento, colocándose entre las más altas a nivel internacional. Argumentan que los costos de atención para adultos mayores multiplican los de la población joven debido a la prevalencia de enfermedades crónicas. No obstante, el dictamen legislativo avanza hacia su discusión en el pleno con el respaldo unánime de los grupos parlamentarios, a la espera de concretar acuerdos en materia fiscal relacionados con la deducibilidad de las pólizas para la tercera edad.

Fuente: Tribuna