Monterrey, Nuevo León. – La exigencia de modificaciones estructurales en los protocolos de convivencia familiar y en la normativa interna del Centro Estatal de Convivencia congregó a un grupo de padres y abuelos frente a la sede del Poder Judicial del Estado de Nuevo León. La manifestación, encabezada por Alejandro Ríos en su calidad de representante de la organización civil No Más Hijos Rehenes México, puso sobre la mesa diversas inconformidades relacionadas con los obstáculos procesales y reglamentarios que, de acuerdo con los afectados, dificultan el mantenimiento de vínculos afectivos entre los menores y los progenitores o familiares no custodios. Con pancartas y consignas visibles en las inmediaciones de la calle Juan Ignacio Ramón, en el centro de Monterrey, los protestantes solicitaron una revisión profunda de los criterios judiciales vigentes.

Durante la protesta, en la que participaron alrededor de quince personas portando mensajes como “No más denuncias de hechos falsos para separar hijos de padres” y “No más padres borrados”, Alejandro Ríos detalló que la asociación civil ha presentado tres escritos ante el Poder Judicial desde el mes de abril del presente año. El objetivo central de estas solicitudes ha sido plantear reformas específicas al reglamento del Centro Estatal de Convivencia. Según explicó el dirigente, la normativa actual establece condiciones inequitativas al diferenciar las facilidades otorgadas a los padres custodios frente a los no custodios, en situaciones de contingencia o imprevistos logísticos.

Ríos ejemplificó que, bajo el esquema reglamentario actual, un progenitor custodio tiene la facultad de designar a un familiar o tercero emergente para encargarse del traslado de los menores a las sesiones de convivencia cuando se presenta un contratiempo personal o laboral. Sin embargo, esta misma prerrogativa le es negada al padre o madre no custodio, lo que en la práctica deriva en la pérdida definitiva de la convivencia programada si el progenitor enfrenta alguna dificultad imprevista para acudir. Para el representante de la organización, esta disposición reglamentaria vulnera los derechos de los menores involucrados al restringir su derecho de acceso a la familia ampliada y al progenitor no custodio.

El dirigente señaló que hasta el momento la organización no ha obtenido una respuesta formal por parte de la presidencia del Poder Judicial, encabezada por Laura Perla, a pesar de los múltiples escritos ingresados por los canales institucionales. Ante este escenario, reiteró un llamado público a la titular del órgano judicial para que analice las peticiones presentadas y emita una postura formal, enfatizando que la apertura al diálogo es indispensable para garantizar el interés superior de la infancia. De acuerdo con las cifras aportadas por la organización civil, el colectivo agrupa a escala nacional a aproximadamente dos mil personas, incluyendo padres, abuelos y otros familiares afectados por disputas legales de custodia.

Uno de los puntos centrales expuestos por el contingente durante la manifestación fue la dilación prolongada de los procesos judiciales en materia familiar. Alejandro Ríos denunció que existen litigios que se extienden por periodos de hasta tres años, tiempo durante el cual las resoluciones provisionales de convivencia suelen restringirse a lapsos mínimos, limitando el contacto a unas pocas horas semanales. Esta situación, advirtió, propicia un distanciamiento gradual y sostenido entre los menores y sus familiares directos. Como parte de sus propuestas de solución, el colectivo se encuentra trabajando en la elaboración de un protocolo especializado dirigido a los jueces del ramo familiar, cuyo propósito fundamental sea prevenir la obstrucción del vínculo filial y combatir los efectos adversos de la alienación parental en los tribunales.

Los integrantes del movimiento también hicieron énfasis en la presunta utilización de denuncias falsas dentro de los litigios de separación y disputa de custodia. Según los testimonios recabados durante la protesta, este tipo de prácticas procesales, centradas en acusaciones infundadas de violencia o conductas ilícitas, provocan que los menores permanezcan separados de uno de sus progenitores durante lapsos prolongados mientras se substancian las investigaciones correspondientes, generando un desgaste emocional considerable tanto para los adultos como para los niños. Se aclaró que estas afirmaciones reflejan la perspectiva de los manifestantes y no constituyen una resolución o determinación judicial sobre expedientes particulares.

La problemática expuesta por los colectivos también afecta a los abuelos y otros integrantes de la familia extensa. Entre los testimonios compartidos destacó el caso de Gloria Gascón, quien denunció llevar más de dos años sin poder ver ni convivir con su nieta de once años de edad. Gascón relató que su hijo enfrentó acusaciones legales por delitos como robo de vehículo, violencia familiar y abuso sexual, los cuales —según afirmó— fueron investigados y acreditados como falsos por las instancias competentes. Pese a comprobarse la falsedad de los señalamientos, la familia paterna continúa enfrentando impedimentos para restablecer el contacto con la menor.

La afectada recordó que anteriormente mantenían un régimen de convivencia regular en el Centro Estatal de Convivencia, e incluso se había considerado la posibilidad de flexibilizar los encuentros fuera de las instalaciones oficiales. Explicó que la madre de la menor incumplió con las disposiciones y el órgano judicial omitió aplicar medidas de apremio efectivas. Gascón lamentó el impacto emocional que esta ruptura genera en el desarrollo de la menor y advirtió que la prolongada ausencia institucional y familiar propicia que los niños terminen por desvincularse por completo de sus raíces paternas.

Los manifestantes reiteraron su demanda dirigida al Poder Judicial del Estado para que agilice los trámites, revise los reglamentos operativos del centro de convivencia y establezca mecanismos de supervisión más eficientes que impidan la obstaculización de los regímenes de visitas, subrayando que la prioridad en estos procesos jurídicos debe ser siempre la salvaguarda del equilibrio emocional y el bienestar integral de la infancia.

Fuente: Tribuna