Monterrey, Nuevo León. – El estado de Nuevo León se encuentra en el centro del debate legislativo y social en torno a la protección de los derechos de la infancia y las familias, luego de que diversos colectivos de madres protectoras y ciudadanas se manifestaran públicamente para exigir al Congreso local la pronta tipificación de la violencia vicaria. Las manifestantes señalaron que la entidad se mantiene rezagada frente a otras regiones del país que ya han incorporado esta figura en sus marcos normativos, advirtiendo sobre la urgencia de dotar a las autoridades de herramientas jurídicas efectivas para sancionar una conducta que daña gravemente el tejido social.

Durante la exposición de motivos, las agrupaciones ciudadanas alertaron sobre la magnitud del problema al dar a conocer que, de acuerdo con los registros disponibles, entre los meses de enero y julio del presente año se han contabilizado aproximadamente mil 200 denuncias por sustracción de menores en el territorio neoleonés. Las representantes de los colectivos advirtieron que la cifra oficial podría quedarse corta debido a la presencia de casos no denunciados por temor, desconfianza institucional o por la extrema complejidad de los procesos legales vigentes, lo que refleja una problemática estructural que afecta el bienestar emocional y físico de los menores en la entidad.

La demanda de los colectivos cobra especial relevancia institucional tras el pronunciamiento emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual reconoció que la violencia vicaria no constituye solo una modalidad de violencia de género dirigida contra las mujeres, sino que vulnera los derechos fundamentales de las niñas, niños y adolescentes involucrados en estos litigios familiares. Este criterio federal ha servido de base fundamental para que las madres de familia en Nuevo León intensifiquen sus gestiones legislativas, argumentando que el marco jurídico local no puede permanecer al margen de los estándares nacionales de protección a la infancia.

Uno de los testimonios centrales y más significativos expuestos durante la movilización fue el de Roberta, quien compartió su vivencia personal al presentarse como una sobreviviente de 18 años de violencia vicaria. Su relato puso de manifiesto que las afectaciones derivadas de esta dinámica destructiva trascienden la minoría de edad y continúan generando repercusiones psicológicas, sociales y jurídicas a lo largo del tiempo, afectando múltiples dimensiones de la vida cotidiana de las víctimas. La joven explicó cómo los procesos prolongados de judicialización y hostigamiento impactaron esferas fundamentales de su desarrollo personal, tales como sus círculos de amistades, su trayectoria educativa formal y la confianza interpersonal.

“Me gustaría poder decir que la violencia vicaria se detuvo el día que alguien reconoció este hecho, el día que alguien se dio cuenta de que lo que me hacía mi padre estaba mal y que decidió cambiarlo. Pero esto no es cierto”, expresó Roberta ante los medios de comunicación, evidenciando las duras secuelas que este tipo de agresiones deja en las víctimas. La joven sobreviviente relató con profunda preocupación que las consecuencias de esta problemática continúan manifestándose en el núcleo familiar, señalando que su hermano menor, de apenas 11 años de edad, ha sido apartado recientemente de su entorno habitual y privado del contacto directo con sus seres queridos durante varias semanas. Ante esta dolorosa situación, hizo un llamado enfático a las autoridades para priorizar el interés superior de la infancia: “Yo lo único que quiero es que los niños puedan vivir una vida libre de violencia, que puedan ser niños, que puedan liberarse de este sufrimiento y de este dolor”.

En el mismo sentido se pronunció Yameli, madre de familia que acudió a respaldar la exigencia en calidad de ciudadana independiente, quien enfatizó la necesidad apremiante de evitar que más menores de edad atraviesen por circunstancias adversas similares en el estado. “Urge la tipificación en el estado de Nuevo León”, aseveró, recordando que 23 entidades federativas del país ya han dado pasos firmes en la materia, consolidando marcos normativos protectores que actualmente dejan a Nuevo León en una posición de rezago institucional en la salvaguarda de los derechos filiales.

Yolanda Caballero López detalló la estrategia operativa que los colectivos pretenden seguir en colaboración directa con el Poder Legislativo y las instancias gubernamentales competentes. Explicó que el objetivo principal de esta iniciativa es la apertura inmediata de mesas de trabajo plurales en las que participen las madres afectadas por esta problemática. Según indicó, la inclusión directa de las ciudadanas perjudicadas resulta indispensable para enriquecer la discusión técnica y jurídica, asegurando que sean tomadas en cuenta al ser quienes poseen mayor información directa sobre el tema.

Cuatro organizaciones civiles de la entidad coordinan esfuerzos para estructurar las propuestas de reforma legal, unificando criterios y experiencias para presentarlas formalmente ante el Congreso del Estado de Nuevo León. Hicieron una invitación abierta y solidaria a otras madres de familia que atraviesan por situaciones análogas para sumarse a la red de apoyo y a las acciones de presión pacífica, con el propósito de visibilizar la problemática y acelerar una respuesta institucional firme que garantice un entorno seguro y libre de violencia vicaria para la niñez neoleonesa.

Fuente: Tribuna