Monterrey, Nuevo León.- La controversia en torno a la Ley de Movilidad Sostenible, de Accesibilidad y Seguridad Vial del Estado de Nuevo León escaló en las últimas horas, luego de confirmarse que los ayuntamientos de Monterrey, Escobedo, San Nicolás de los Garza, Santiago, San Pedro Garza García, García, Apodaca, Ciénega de Flores, Allende y Montemorelos presentarán una propuesta legislativa destinada a revocar la disposición que regula el ingreso y tránsito de vehículos foráneos mediante el denominado Pase Turístico.

El rechazo a esta normativa ha encontrado un claro referente político en la figura del alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza Santos, quien ha adoptado una postura de firme oposición a la medida desde el momento de su promulgación. César Garza Villarreal, secretario del Ayuntamiento de Monterrey, detalló que el edil regiomontano ha mantenido un canal de comunicación directo y constante con los coordinadores de los distintos grupos legislativos presentes en el Congreso del Estado, con el propósito de exponerles las reservas técnicas y sociales que existen sobre la aplicación de esta disposición vial.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades municipales, la postura adoptada por el alcalde refleja no solo una preocupación institucional, sino también el descontento generalizado de la comunidad y de los gobiernos de los estados colindantes. Garza Villarreal enfatizó que la administración municipal considera que la imposición de este pase carece de la validación social necesaria y altera la relación cotidiana y comercial que Nuevo León mantiene con Coahuila y Tamaulipas, cuyas autoridades y legisladores también han manifestado reparos significativos.

“El alcalde Adrián de la Garza lo ha hecho ver a los coordinadores de los grupos legislativos con los que tiene contacto y comunicación, externándoles su preocupación, diciéndoles que el municipio de Monterrey no ve con simpatía esa medida, como tampoco la ve la comunidad, y pidiéndoles respetuosamente que rectifiquen y reviertan esa reforma”, puntualizó el secretario del Ayuntamiento durante una valoración de la situación política actual en la zona metropolitana.

El funcionario municipal recordó que la medida normativa no contó con el respaldo unánime de los ediles que integran la zona metropolitana ni de los municipios rurales, subrayando además los antecedentes de inconformidad institucional registrados en otras regiones, como el pronunciamiento emitido previamente por el Congreso de Tamaulipas en contra del nuevo ordenamiento vial. Ante este escenario de desacuerdo plurimunicipal, se espera que la iniciativa de reforma sea ingresada en los próximos días para su análisis legislativo en comisiones.

En paralelo a las discusiones sobre el tránsito regional, la agenda de movilidad urbana en los municipios de Nuevo León ha incorporado otros temas regulatorios de relevancia metropolitana. En recientes sesiones de cabildo celebradas en Monterrey, regidoras como Martha Montemayor y Zally Alanís pusieron sobre la mesa la necesidad de establecer un marco normativo estricto y específico para el uso de vehículos de micromovilidad, los monopatines eléctricos o scooters, los cuales han ganado presencia en las calles y avenidas de la ciudad.

Durante dichas deliberaciones institucionales, las ediles advirtieron que la circulación de estos dispositivos sin una regulación homogénea y clara genera riesgos potenciales para la seguridad vial, al compartir el espacio con el flujo vehicular automotor tradicional. Por esta razón, consideraron indispensable el establecimiento de reglas operativas precisas, entre las cuales destaca la exigencia de que los usuarios sean mayores de edad, lo que permitiría fincar responsabilidades jurídicas directas en caso de un percance o accidente vial, facilitando además la oportuna atención por parte de los cuerpos de auxilio.

El equipo de trabajo municipal y las instancias legislativas correspondientes han dado seguimiento a estas problemáticas mediante mesas de trabajo orientadas a equilibrar las normativas de tránsito con la seguridad ciudadana. La atención pública permanece centrada en el proceso político que protagonizarán los alcaldes inconformes y el Congreso del Estado en torno a la permanencia o anulación del Pase Turístico, un tema que continuará generando debate en la agenda política regional durante las próximas semanas.

Fuente: Tribuna