Monterrey, Nuevo León. – Las cifras presentadas por Petróleos Mexicanos (Pemex) muestran un ritmo de detecciones que promedia 50 ordeñas mensuales en la red de ductos local. Esta dinámica representa un incremento respecto al ejercicio anterior, cuando la media se situó en 40 casos mensuales tras contabilizar un total de 485 perforaciones durante todo el 2025. Con este ritmo, la cifra reportada en los primeros cinco meses del presente año supera la mitad del acumulado anual previo.
El impacto de las extracciones ilegales se ha manifestado en incidentes operativos y ambientales en diversos puntos del territorio estatal. A finales de febrero, una toma clandestina derivó en un derrame de hidrocarburo sobre la carretera que conecta los municipios de Doctor González y Cadereyta, lo que requirió la intervención de personal especializado para contener el flujo y mitigar los riesgos.
La distribución geográfica de las detecciones concentra la mayoría de los casos en el área metropolitana y sus inmediaciones. De acuerdo con los registros oficiales, el municipio de García encabeza la lista de incidencias en la entidad con 81 tomas localizadas. En segundo término se ubica Santa Catarina, donde las autoridades han documentado 53 perforaciones, mientras que Cadereyta ocupa la tercera posición con 31 piquetes detectados en las tuberías de Pemex.
Junto con el número de tomas clandestinas, el volumen de combustible asegurado refleja el alcance de las operaciones ilícitas en la región. Cifras consolidadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en coordinación con la Fiscalía General de la República, señalan que hasta el mes de agosto el volumen de hidrocarburo incautado en Nuevo León registró un incremento del 129 por ciento en comparación con el total asegurado durante todo el 2025.
El volumen confiscado pasó de 3 millones 111 mil 908 litros en el periodo previo a 7 millones 135 mil 359 litros en los primeros ocho meses del año en curso. La diferencia en las cantidades responde a una serie de intervenciones federales y estatales orientadas a la localización de centros de acopio, maniobras de trasvase y vehículos empleados para la distribución no autorizada de petrolíferos.
Durante el año, las fuerzas de seguridad han ejecutado diversos cateos en inmuebles utilizados para el almacenamiento irregular. Entre los procedimientos de mayor escala destaca un operativo llevado a cabo en el municipio de Guadalupe, donde autoridades federales ingresaron a un predio e incautaron 2.2 millones de litros de combustible. El hidrocarburo se encontraba resguardado en tanques fijos y unidades de transporte tipo pipa, las cuales quedaron a disposición del Ministerio Público Federal para la integración de las investigaciones correspondientes.
Los datos presentados por las distintas dependencias confirman la persistencia del robo de combustible en la infraestructura energética que atraviesa el estado. Las acciones de inspección por parte de corporaciones federales y locales continúan en los puntos de mayor concentración de perforaciones, mientras las autoridades mantienen los esquemas de monitoreo en los municipios con mayor incidencia registrada en los reportes estadísticos.
Fuente: Tribuna