Monterrey, Nuevo León. – Ante los reclamos públicos emitidos por diversos representantes del sector social en la entidad, la coordinadora de la bancada de Movimiento Ciudadano en el Congreso local, la diputada Sandra Pámanes, manifestó su plena confianza en que se concreten canales de comunicación efectivos y mesas de trabajo formales entre la administración estatal y las organizaciones de la sociedad civil que todavía se encuentran a la espera de recibir recursos presupuestales rezagados.

La legisladora local indicó que por parte de la Secretaría de Igualdad e Inclusión existe la disposición necesaria para revisar cada uno de los expedientes y atender los requerimientos específicos planteados por las agrupaciones, las cuales han manifestado su profunda preocupación ante la falta de ministraciones económicas correspondientes a los periodos anuales de 2025 y 2026.

Durante sus posicionamientos ante los medios de comunicación, Pámanes subrayó la relevancia institucional de mantener una postura de apertura permanente que permita clarificar la situación administrativa de los fondos y ofrecer soluciones viables para las agrupaciones comunitarias que operan en los distintos municipios del estado.

“Que haya toda una apertura por parte del gobierno del Estado, que se den todos los argumentos necesarios y, sobre todo, que se le dé una salida justa a todo lo que se ha venido señalando por parte de las organizaciones de la sociedad civil”, expresó la legisladora, y reiteró que la dependencia estatal mantendrá una comunicación abierta para analizar los casos específicos y coordinar alternativas que agilicen los trámites administrativos pendientes.

Las reacciones en el ámbito político y legislativo surgen a raíz de las solicitudes públicas hechas por diversos colectivos y asociaciones civiles de Nuevo León, quienes exigieron la liberación de recursos económicos que, según sus propias estimaciones financieras presentadas ante las instancias correspondientes, superan en conjunto los 300 millones de pesos entre ambos ejercicios fiscales.

De acuerdo con los informes técnicos elaborados y expuestos por el comité encargado de la distribución y asignación de estos fondos, hacia el cierre de abril de 2026 se contabilizaban un total de 177 apoyos rezagados correspondientes a 143 organizaciones, lo que equivalía a un monto acumulado de 88.5 millones de pesos solo del ejercicio fiscal 2025.

A esta cifra se suman las peticiones presupuestales correspondientes al año en curso. Para el ejercicio 2026, los representantes del sector civil señalaron que se mantenían pendientes de entrega otros 226 apoyos institucionales, los cuales representan una suma aproximada de 229 millones de pesos. La acumulación prolongada de ambas partidas financieras ha generado una situación compleja para la operación de múltiples instituciones de asistencia privada y comunitaria.

Diversos actores sociales han advertido que la demora en la recepción de estos recursos ha obligado a los directivos de algunas asociaciones a recurrir a sus propios fondos de reserva, solicitar financiamientos externos o buscar donativos adicionales con el firme objetivo de garantizar la continuidad de sus programas asistenciales y operativos cotidianos.

Entre los servicios comunitarios de primera necesidad que podrían enfrentar limitaciones operativas o recortes en su cobertura se encuentran programas sociales enfocados en la alimentación, la atención especializada a la salud, la educación básica, el soporte psicológico integral y diversos esquemas de asistencia social dirigidos a sectores vulnerables de la población en la zona metropolitana y el interior del estado.

La Secretaría de Igualdad e Inclusión informó que un total de 224 organizaciones fueron seleccionadas formalmente para recibir apoyos financieros derivados de la Convocatoria Anual 2026 del Programa de Fomento a las Organizaciones de la Sociedad Civil, un paso que busca regularizar parte de la atención institucional al sector.

Con la difusión pública de dichos resultados dio inicio la fase administrativa correspondiente a la formalización de los apoyos económicos y la firma de los convenios institucionales con las agrupaciones seleccionadas. Dicho procedimiento contempla el acercamiento del personal operativo de la dependencia con los representantes legales de las asociaciones para calendarizar las rúbricas y completar la integración de expedientes normativos.

A pesar de estos avances informados por las autoridades estatales, la diputada Sandra Pámanes enfatizó que resulta indispensable perseverar en el diálogo permanente entre el aparato gubernamental y el sector asociativo, con la finalidad de esclarecer las situaciones particulares de aquellas instituciones que todavía no obtienen respuesta y asegurar de este modo la certidumbre jurídica y financiera de sus labores altruistas.

Fuente: Tribuna