Monterrey, Nuevo Léon.- El proyecto anunciado por la administración municipal de Monterrey respecto al retiro de más de veinte puestos en desuso ubicados en la Alameda Mariano Escobedo ha puesto sobre la mesa el debate en torno a la gestión del espacio público en el centro de la ciudad. La iniciativa municipal surge tras manifestaciones de comerciantes frente al Palacio Municipal, donde se expuso la problemática de estas estructuras que, según las autoridades, han permanecido abandonadas o subutilizadas durante largos periodos.

De acuerdo con la información emitida por la Secretaría del Ayuntamiento, encabezada por César Garza Villarreal, el plan contempla la eliminación definitiva de aquellos módulos que no cumplen ninguna función comercial y que actualmente representan un obstáculo para la movilidad peatonal. En contraste, se proyecta conservar alrededor de catorce puestos que se encuentran en condiciones operativas, los cuales serían objeto de un esquema de concesión formal para regular actividades tradicionales de la zona, tales como el boleado de calzado, la venta de snacks y la comercialización de artículos artesanales o florales.

Las reacciones ciudadanas ante esta disposición municipal reflejan posturas matizadas sobre las prioridades en el mantenimiento y uso de los parques públicos urbanos. Por un lado, sectores de la ciudadanía respaldan la liberación de las banquetas y andadores, argumentando que la presencia de estructuras vacías no solo reduce el espacio de tránsito, sino que propicia condiciones de deterioro visual e inseguridad al ser empleadas de manera irregular. Por otro lado, prevalece la exigencia de que el proceso administrativo se conduzca con transparencia y sensibilidad hacia los trabajadores informales y locatarios que desarrollan su fuente de ingresos en el entorno inmediato de la Alameda.

Durante un recorrido realizado por el interior y los alrededores del parque, ciudadanos que frecuentan la zona manifestaron que, si bien es indispensable ordenar el mobiliario urbano y garantizar la libre circulación de los transeúntes, es igualmente relevante atender las necesidades legítimas de quienes dependen económicamente del comercio en pequeña escala. Algunos entrevistados señalaron que, antes de proceder al retiro definitivo, el municipio debería verificar la existencia de propietarios legítimos que puedan reactivar dichos espacios o, en su defecto, redirigir el aprovechamiento de los mismos hacia los vendedores que operan en condiciones de vulnerabilidad en la vía pública.

La discusión también pone de relieve la complejidad que enfrenta la administración local en la regulación del comercio popular en espacios históricos y de alta concurrencia. La Alameda Mariano Escobedo, al ser uno de los puntos de encuentro más concurrentes del centro regiomontano, concentra dinámicas socioeconómicas diversas que requieren una planeación integral. Las autoridades municipales han reiterado que el objetivo principal es inhibir la ocupación indebida de las instalaciones y devolver la funcionalidad recreativa y de tránsito al parque, garantizando al mismo tiempo que los espacios conservados operen bajo un marco normativo claro.

Asimismo, este tipo de intervenciones urbanas se enmarcan en las políticas recurrentes de recuperación de espacios públicos implementadas en diversos municipios metropolitanos, donde el equilibrio entre el ordenamiento comercial y el derecho al trabajo representa uno de los retos institucionales más complejos. La conservación de áreas verdes y peatonales en zonas céntricas exige diagnósticos constantes sobre el uso del suelo y la infraestructura instalada, factores que influyen directamente en la percepción de seguridad y bienestar de los habitantes que transitan diariamente por el primer cuadro de la ciudad.

Mientras avanzan los procedimientos administrativos y las mesas de diálogo con los sectores involucrados, el futuro de los módulos comerciales en la Alameda continúa bajo la atención tanto de las autoridades como de la ciudadanía. Las próximas semanas serán determinantes para definir los criterios específicos bajo los cuales se ejecutarán las demoliciones o retiros de los puestos en desuso, así como los términos en que se otorgarán las nuevas concesiones para los espacios que permanecerán activos dentro del perímetro del parque.

Fuente: Tribuna