Apodaca, Nuevo León. – El alcalde de Apodaca, César Garza Arredondo, señaló que, si bien valora la apertura al diálogo convocada por el Ejecutivo estatal en torno al Paquete Fiscal, es indispensable que la administración del gobernador Samuel García resuelva primero los adeudos económicos acumulados de los ejercicios fiscales 2025 y 2026 antes de centrar la discusión en el presupuesto del próximo año.
La postura del munícipe surge a raíz de la convocatoria lanzada por el mandatario estatal, quien invitó a los 51 presidentes municipales de Nuevo León a sostener reuniones individuales en el Palacio de Gobierno para estructurar la propuesta presupuestal de 2027. Durante su pronunciamiento, el gobernador enfatizó la importancia de establecer comunicación directa sin intermediarios, manifestando su disposición a colaborar con las autoridades locales en lo que representa el último tramo de su gestión administrativa.
Garza Arredondo indicó mediante un posicionamiento por escrito que, aunque existen antecedentes positivos de cooperación política entre los distintos niveles de gobierno, el canal institucional idóneo y definitivo para debatir, analizar y aprobar el presupuesto es el Poder Legislativo. El edil argumentó que las decisiones presupuestales de gran calado deben procesarse en el Congreso del Estado, espacio donde confluyen las diferentes fuerzas políticas y donde se define formalmente la asignación de recursos públicos para las demarcaciones territoriales de la entidad.
Su administración municipal mantiene una postura abierta al diálogo institucional y a la cooperación con el gobierno estatal, siempre y cuando se alcancen acuerdos equitativos que beneficien a la ciudadanía, aclaró el alcalde de Apodaca. Un factor determinante para facilitar la comunicación y restablecer la confianza institucional es la regularización de los pagos y recursos pendientes que el estado mantiene con los municipios desde los ejercicios 2025 y 2026, subrayó.
La exigencia de cubrir estos fondos atrasados pone sobre la mesa las tensiones financieras recurrentes que han caracterizado la relación entre los ayuntamientos de Nuevo León y la administración central. Diversos presidentes municipales han manifestado en reiteradas ocasiones su preocupación por el impacto que generan los retrasos en la ministración de participaciones y fondos estatales, los cuales inciden en la operación cotidiana de las ciudades, la ejecución de obra pública prioritaria y la prestación eficiente de servicios públicos esenciales para la población.
Junto con la postura fijada por Apodaca, otros ediles de la zona metropolitana han reaccionado a la convocatoria del gobernador. Autoridades como Daniel Carrillo, alcalde de San Nicolás de los Garza, y José Antonio Quiroga, encargado del despacho en la administración de Escobedo, informaron que tomarán la palabra del mandatario estatal para establecer contacto directo y formalizar mesas de análisis enfocadas en las finanzas municipales y las proyecciones del próximo ejercicio fiscal.
El gobernador Samuel García había señalado que la convocatoria está dirigida exclusivamente a los alcaldes en funciones, advirtiendo que no sostendrá mesas de trabajo con operadores políticos, enlaces o representantes ajenos a la autoridad municipal. Según el mandatario, la intención de este filtro es garantizar un trato directo y transparente, evitando intermediarios que busquen negociaciones paralelas. La condición interpuesta por Apodaca sobre los adeudos previos introduce un elemento de exigencia financiera que precede a cualquier acuerdo sobre el presupuesto futuro.
Este intercambio de posturas ocurre en un escenario político complejo y dinámico, marcado por las negociaciones legislativas en torno al Paquete Fiscal, las diferencias entre el Ejecutivo y los partidos representados en el Congreso local, y los debates sobre figuras tributarias estatales. Con el inicio del último año de la administración de Samuel García, la presión de los gobiernos municipales por asegurar certeza presupuestal y la liberación de recursos devengados se convierte en un eje central de la agenda política en Nuevo León, condicionando las expectativas de colaboración de cara al siguiente año fiscal.
Fuente: Tribuna