San Pedro Garza García, Nuevo León. – El municipio de San Pedro Garza García aprobó por unanimidad someter a consulta pública una serie de modificaciones a su Reglamento de Movilidad, Tránsito y Seguridad Vial, con el objetivo principal de establecer un marco regulatorio específico para el uso de scooters, bicicletas eléctricas y otros vehículos de micromovilidad dentro de su demarcación territorial, adaptándose a las nuevas dinámicas urbanas.
La decisión fue avalada durante la Segunda Sesión Ordinaria del Ayuntamiento correspondiente al mes de septiembre, marcando un paso formal en la integración de estas alternativas de transporte al ordenamiento urbano local. La propuesta central contempla la incorporación de un capítulo dedicado a la micromovilidad, el cual definirá los lineamientos precisos de circulación, las velocidades permitidas y las condiciones operativas para los usuarios de estos medios de transporte alternativo en calles y avenidas.
Gilda Guajardo, secretaria del Ayuntamiento, detalló que la iniciativa trasciende la mera imposición de restricciones a los dispositivos de movilidad personal. La funcionaria subrayó que el propósito fundamental es reconocer a la micromovilidad como una pieza consolidada dentro de los desplazamientos cotidianos de la ciudadanía, lo que hace imperativa la creación de reglas claras y concretas que garanticen la convivencia vial y protejan a los peatones. Explicó que el planteamiento normativo busca evitar denominarlo solo como un control de scooters, entendiendo que el fenómeno abarca múltiples expresiones de movilidad urbana contemporánea.
El desarrollo de esta propuesta normativa requirió un trabajo coordinado de tres meses a través de mesas intersecretariales, donde participaron diversas dependencias municipales como Desarrollo Urbano, Seguridad Pública, la propia Secretaría del Ayuntamiento y el área de Justicia Cívica. Esta pluralidad de enfoques respondió a la naturaleza transversal de la movilidad, un ámbito que cruza múltiples competencias de la administración local y requiere soluciones integrales.
Como parte de los cambios previstos, la reforma también contempla ajustes significativos en el esquema de sanciones y en las atribuciones operativas de los agentes de movilidad municipal. Entre las modificaciones destaca la posibilidad de que los inspectores dependientes de Desarrollo Urbano asuman competencias directas para sancionar conductas específicas, tales como el abandono o mal estacionamiento de estos vehículos en la vía pública, lo que ampliaría la capacidad operativa de vigilancia y control territorial de la autoridad.
El apartado correspondiente a Justicia Cívica fue diseñado para dotar de mayor solidez legal a los procedimientos en los que deban intervenir jueces cívicos o elementos de seguridad, asegurando que cualquier actuación de la autoridad municipal se ajuste a derecho y proporcione certeza jurídica tanto a los infractores como a los ciudadanos en general.
Durante el análisis del proyecto en el Cabildo, la regidora Erika Monter sugirió la conveniencia de evaluar, en una etapa posterior, la firma de convenios de colaboración con otros municipios metropolitanos que enfrentan dinámicas similares de movilidad urbana. La propuesta apunta a la posibilidad de homologar criterios normativos y construir, a base de diálogo intermunicipal, un reglamento metropolitano de micromovilidad que facilite los desplazamientos y la regulación regional en beneficio de toda la zona metropolitana.
El proceso de consulta pública que se abrirá próximamente cumplirá con la función fundamental de socializar el proyecto normativo, permitiendo que habitantes, colectivos ciudadanos y sectores interesados presenten observaciones, comentarios y propuestas de modificación antes de que el dictamen vuelva al Cabildo para su discusión definitiva y eventual promulgación oficial. Con este mecanismo, la administración municipal busca equilibrar el auge de las nuevas tecnologías de transporte personal con la seguridad peatonal, la accesibilidad universal y el ordenamiento integral del espacio público en San Pedro.
Fuente: Tribuna