San Pedro Garza García, Nuevo León. – La controversia en el municipio de San Pedro Garza García escaló en las últimas horas tras darse a conocer la distribución de materiales con elementos punzocortantes diseñados según esto para disuadir la presencia de fauna silvestre en zonas residenciales de alta plusvalía. Diversos colectivos ambientalistas, activistas y representantes vecinales expresaron su enérgico rechazo ante la entrega de tablas con clavos promovida en sectores colindantes con las áreas naturales protegidas, lo que desató un intenso debate público sobre los límites de la convivencia urbana con los osos negros que habitan los ecosistemas de la región metropolitana.

De acuerdo con los reportes difundidos a través de chats y grupos vecinales, la medida fue coordinada por la Unión de Colonos de Olinalá A.C., una organización encabezada por Michael Zenkl, quien optó por no emitir declaraciones ni posturas públicas al ser consultado por los medios de comunicación locales sobre el reparto de dichos implementos destinados a rodear perímetros domésticos. La revelación de estas acciones generó una ola inmediata de críticas ciudadanas debido al riesgo latente e inaceptable de infligir lesiones severas tanto a los ejemplares de fauna silvestre como a las mascotas domésticas y a los transeúntes de la zona.

Ante la presión social y la rápida difusión de imágenes en plataformas digitales, la administración municipal intervino a través de la Secretaría de Medio Ambiente, así como de la Secretaría de Participación Ciudadana. Las dependencias gubernamentales aclararon que esta práctica carecía de cualquier tipo de autorización oficial o aval técnico y solicitaron el retiro inmediato de los artefactos colocados. Como parte de los acuerdos preliminares logrados tras el diálogo con la mesa directiva de la colonia, se estableció la programación de talleres y pláticas preventivas que serán impartidas en los próximos días por personal especializado de Parques y Vida Silvestre del Estado.

Tras la respuesta institucional inicial, las reacciones de las organizaciones civiles y defensores de los derechos de los animales no se hicieron esperar. Enrique Burguete, fundador de Acciones San Pedro y del colectivo ProMontaña, señaló que la problemática relacionada con los avistamientos de osos representa una constante cotidiana en el municipio, donde se llegan a contabilizar entre ocho y diez apariciones diarias en áreas habitacionales. Burguete atribuyó este fenómeno a factores estructurales profundos, tales como la escasez crítica de recursos hídricos en las zonas altas de la sierra y el manejo inadecuado de los residuos sólidos urbanos por parte de los residentes. El representante ciudadano hizo un llamado enérgico al Cabildo de San Pedro para destinar presupuestos específicos y diseñar una política pública integral de salvaguarda de la flora y la fauna, la cual debería contemplar la habilitación estratégica de bebederos naturales en la Sierra Madre y el fortalecimiento operativo de una policía forestal municipal especializada.

En la misma sintonía, Patricia Pérez, activista e integrante del colectivo Mujeres Proac, enfatizó la corresponsabilidad que recae sobre los habitantes de sectores colindantes con áreas naturales. Pérez sostuvo que la prevención debe cimentarse en el aseguramiento riguroso de los hogares y en una gestión impecable de la basura doméstica, antes de recurrir a medidas de disuasión violentas o improvisadas. Además, exigió una estrategia articulada y permanente entre el gobierno municipal de San Pedro, la administración estatal, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y Parques y Vida Silvestre para atender el conflicto de manera coordinada.

Tina Smith, presidenta de la junta de vecinos de Valle de San Ángel, manifestó que la iniciativa de entregar tablas con clavos provocó un profundo malestar, indignación y preocupación en la comunidad. Según detalló, un sector de la ciudadanía estuvo a punto de organizarse para acudir directamente al sitio con el propósito de retirar los materiales y confrontar a los responsables para exigirles una rectificación en su proceder.

El activista José Daniel Borrego confirmó que interpondrá una denuncia administrativa y legal ante la Profepa en contra de la Unión de Colonos de Olinalá A.C., señalando presuntas responsabilidades legales derivadas de la fabricación, instalación y distribución masiva de objetos que atentan contra la integridad de especies protegidas por la ley federal, sentando un precedente clave en el debate sobre la protección animal en zonas urbanas.

Fuente: Tribuna