Ciudad de México. – En un nuevo episodio donde la demagogia legislativa pretende asaltar terrenos ajenos, el Senado de la República impulsa una iniciativa para obligar por decreto el regreso del ascenso y descenso en el fútbol mexicano. Lo que a simple vista se disfraza ante la galería como una noble cruzada en favor del mérito deportivo y el rescate de la competencia tradicional, no es más que una peligrosa intromisión del poder público en una industria estrictamente corporativa, privada y regulada bajo estatutos internacionales.
La propuesta legislativa evidencia un desconocimiento supino sobre las finanzas deportivas contemporáneas, los esquemas de gobernanza corporativa y la viabilidad económica de las franquicias profesionales. En lugar de atender los rezagos estructurales del país, legisladores buscan rédito político fácil montándose en el fervor popular del balompié, ignorando deliberadamente que la suspensión del descenso operó como un mecanismo indispensable de rescate financiero para certificar plazas, transparentar capitales y garantizar que los clubes de la Liga de Expansión cumplieran con estándares mínimos de infraestructura, auditoría fiscal y viabilidad patronal.
Someter una liga privada al arbitrio de políticos sin nociones de negocio amenaza con dinamitar la certeza jurídica de las inversiones institucionales y ahuyentar el capital que sostiene estadios, fuerzas básicas y empleos formales. Si la política interviene en contratos comerciales y estructuras de competencia con sesgo populista, no solo arriesga severas sanciones de la FIFA por interferencia gubernamental en federaciones afiliadas, sino que terminará por desquiciar a la primera división, convirtiendo al fútbol en otra trinchera partidista en ruinas. Al deporte profesional se le protege respetando el estado de derecho, no imponiendo ocurrencias desde una tribuna legislativa.
Fuente: Tribuna