Ciudad de México.- La Alianza de Abogados de Sinaloa llevó al Senado 20 mil firmas para solicitar el desafuero de Enrique Inzunza, en medio de los señalamientos hechos por autoridades de Estados Unidos sobre presuntos vínculos del senador con grupos criminales. La petición también fue presentada en la Cámara de Diputados, con el objetivo de que se inicie un juicio de procedencia.
El caso cobró relevancia porque, según los promoventes, ya existen elementos que deben ser revisados formalmente por el Congreso. Entre ellos mencionaron una carpeta de investigación ante una fiscalía especializada en delincuencia organizada, un requerimiento del gobierno de Estados Unidos y expedientes abiertos en Sinaloa.
¿Qué pasó en el Senado con la entrega de firmas?
De acuerdo con los abogados y activistas que acudieron al recinto, su ingreso al Senado fue frenado de manera momentánea, pese a que contaban con un permiso firmado. Vania Pérez, activista anticorrupción que acompañó al grupo, acusó que les negaron el acceso “por órdenes de arriba, de la mesa directiva”.
Más tarde, los inconformes lograron entrar y entregaron una caja con las firmas ante la mesa directiva, respaldadas por la organización Change. Durante su ingreso lanzaron consignas de “¡Fuera Inzunza!”.
En apoyo al grupo salieron las senadoras Paloma Sánchez, del PRI, y Lilly Téllez, del PAN, aunque, según la denuncia de los asistentes, tampoco se les permitía pasar con los activistas en un primer momento.
¿Qué piden los abogados y en qué basan la solicitud?
Ricardo Beltrán Verduzco, presidente de la Alianza de Abogados de Sinaloa, pidió que en la Cámara de Diputados se reciba de inmediato la solicitud y se nombre a la comisión instructora para iniciar el juicio de procedencia contra el senador sinaloense.
El abogado respondió así a la postura previa de Ignacio Mier, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, quien había señalado que las firmas por sí solas no son motivo para retirar un derecho a un senador electo.
Beltrán Verduzco sostuvo que la petición no se limita al respaldo ciudadano. Afirmó que incluye “todos los elementos necesarios”, entre ellos:
- una carpeta de investigación ante la fiscalía especializada en materia de delincuencia organizada;
- un requerimiento del gobierno de Estados Unidos;
- carpetas en Sinaloa;
- señalamientos de tráfico de influencia;
- y la acusación de que Inzunza era interlocutor entre poderes fácticos y el gobierno de Sinaloa.
El contexto político del caso Enrique Inzunza
La senadora Paloma Sánchez recordó que ya suman cinco meses desde que autoridades de Estados Unidos señalaron a Enrique Inzunza como presunto interlocutor entre el Cártel de Sinaloa y el gobernador Rubén Rocha, cuando el hoy legislador se desempeñaba como secretario de Gobierno.
Aunque tras esa acusación Inzunza se separó de la bancada de Morena, la legisladora del PRI aseguró que en los hechos sigue vinculado al partido y acusó que su protección política proviene de legisladores morenistas.
En ese señalamiento mencionó a la mesa directiva, encabezada por Higinio Martínez, y a la coordinación del grupo parlamentario, a cargo de Ignacio Mier.
Con la entrega de las 20 mil firmas en ambas cámaras, los promoventes buscan que el Congreso abra formalmente el procedimiento para determinar si procede o no retirarle el fuero al senador sinaloense.
Fuente: Tribuna