Monterrey, Nuevo León. – El Gobierno del Estado de Nuevo León puso en marcha una nueva etapa de colaboración estratégica con la iniciativa privada, orientada a robustecer los mecanismos de seguridad pública mediante la interconexión de las cámaras de videovigilancia pertenecientes a empresas, comercios y establecimientos con el sistema estatal C5. El proyecto, denominado ‘Ponte Nuevo’, establece como meta primordial ampliar la red de vigilancia actual, compuesta por unos 13 mil dispositivos de carácter gubernamental, hasta alcanzar una cobertura aproximada de 40 mil cámaras operativas en todo el territorio estatal para mejorar la capacidad de respuesta policial.
Durante la presentación oficial de la iniciativa, el gobernador Samuel García detalló que el programa busca aprovechar de manera eficiente la infraestructura tecnológica ya instalada en diversos sectores clave de la economía local, tales como el transporte público y privado, las redes de movilidad mediante plataformas digitales, el sector hotelero, las cadenas de tiendas de conveniencia, los comercios minoristas y las empresas de transporte de carga. La intención central de esta integración es que aquellos dispositivos que cuenten con un campo de visión hacia la vía pública puedan compartir de manera directa y en tiempo real datos con el C5, lo que facilitará el rastreo y seguimiento operativo de células o grupos delictivos, incluso cuando estos se desplacen con rapidez entre distintos municipios de la zona metropolitana.
El mandatario estatal subrayó la importancia de superar las barreras limítrofes entre demarcaciones como Apodaca, Juárez, Pesquería y Guadalupe, donde la división territorial de los sistemas de videovigilancia tradicionales ha representado un obstáculo operativo para las corporaciones policiales. Bajo el principio de que la corresponsabilidad multisectorial es indispensable, García enfatizó la necesidad de consolidar una red unificada de inteligencia tecnológica que responda con mayor agilidad a la dinámica criminal actual. Como parte formal de este proceso, la administración estatal concretó la firma de diversos convenios de colaboración con representantes del sector empresarial privado para formalizar su integración al sistema de monitoreo.
Desde la perspectiva financiera, el Ejecutivo estatal destacó que adquirir y desplegar de manera directa toda la infraestructura tecnológica necesaria para alcanzar esta cobertura representaría para las finanzas públicas un desembolso estimado en alrededor de 3 mil millones de pesos. Por esta razón, el esquema de cooperación propuesto bajo el concepto de beneficio mutuo permite al erario estatal ampliar de forma exponencial su capacidad operativa de monitoreo sin incurrir en ese gasto directo. El proyecto contempla la habilitación de áreas específicas dentro del nuevo edificio de la corporación Fuerza Civil, destinadas a albergar a representantes de organismos empresariales y autoridades municipales para fomentar un trabajo conjunto y permanente.
En el marco de este encuentro, el gobernador compartió datos estadísticos sobre los avances en materia de seguridad, resaltando que el pasado mes de agosto registró indicadores favorables en la reducción de delitos de alto impacto, como homicidios, secuestros y extorsiones, alcanzando mínimos no registrados en más de dos décadas, además de mejoras significativas en la incidencia de delitos patrimoniales. La estrategia de infraestructura tecnológica prevé mantener en funcionamiento el centro C5 ubicado sobre la Carretera Nacional para la atención prioritaria de la zona sur, mientras se alista la puesta en operación de un nuevo centro enfocado en reforzar la vigilancia en el norte de Monterrey y su área conurbada. Las mesas de trabajo y seguimiento del programa continuarán el próximo 28 de octubre de 2026 con un enfoque particular en el sector de comercio exterior.
Fuente: Tribuna