Ciudad de México.- Expertos independientes de Naciones Unidas advirtieron que las mujeres buscadoras en México siguen enfrentando un nivel alarmante de violencia, con agresiones que en los casos más graves han terminado en desapariciones o asesinatos. La alerta cobra fuerza por una serie de hechos recientes en Sinaloa, donde integrantes de colectivos de búsqueda fueron víctimas de ataques, amenazas y agresiones durante actividades relacionadas con la localización de personas desaparecidas.
La ONU pidió a las autoridades mexicanas cumplir sus obligaciones internacionales de protección hacia las personas defensoras de derechos humanos y subrayó que la búsqueda de desaparecidos no puede recaer en las familias como sustitución de las responsabilidades del Estado.
Los casos recientes que encendieron la alerta de la ONU
Entre los hechos señalados por los especialistas está la desaparición de Elisa Altagracia Bonilla, defensora de derechos humanos y activista vinculada con la búsqueda de personas desaparecidas, denunciada el 29 de agosto.
Ese mismo día, Alma Rosa Rojo Medina, fundadora del colectivo Voces Unidas por la Vida, fue agredida junto con su hija y dos menores de edad.
La violencia continuó el 1 de septiembre, cuando integrantes del colectivo Corazones Unidos por una Misma Causa fueron arrollados por un vehículo mientras participaban en una manifestación pacífica en Mazatlán.
La ONU también recordó que este colectivo ya había sido blanco de agresiones previas. En febrero, una de sus integrantes, Rubí Patricia Gómez Tagle, fue localizada muerta en su domicilio en Mazatlán. Los expertos indicaron que ya habían expresado al Gobierno mexicano su preocupación por ese asesinato y por las amenazas y agresiones contra integrantes de la organización.
¿Qué está pidiendo la ONU al Estado mexicano?
Los especialistas señalaron que estos casos deben entenderse dentro de un contexto más amplio de violencia e impunidad, condiciones que pueden facilitar que las agresiones continúen contra quienes participan en labores de búsqueda.
En su posicionamiento, remarcaron que la participación de las familias en la búsqueda de personas desaparecidas forma parte de sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación, pero aclararon que eso no libera al Estado de su obligación principal.
“Se trata de una tarea que corresponde primordialmente al Estado, que debe asumirla cabalmente y no puede recargarla en los hombros de las familias. Atacarlas perpetúa el ciclo de dolor e impunidad”, señalaron.
La advertencia apunta a una realidad visible en México: familiares y colectivos han asumido directamente tareas de búsqueda, localización e identificación que requieren capacidades institucionales, mientras además enfrentan riesgos por realizar esa labor.
Los expertos recordaron que el Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas ya ha reconocido la importancia de las iniciativas impulsadas por familiares y representantes de víctimas para que numerosas búsquedas e investigaciones avancen. Aun así, insistieron en que esa participación debe entenderse como un derecho y una colaboración con las autoridades, no como una sustitución de las obligaciones estatales.
¿Por qué las mujeres buscadoras enfrentan riesgos específicos?
La preocupación de Naciones Unidas también tiene una dimensión de género. Los especialistas recordaron que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido un deber reforzado de protección hacia las personas defensoras de derechos humanos y ha identificado riesgos particulares para las mujeres que trabajan contra la impunidad en México.
De acuerdo con los expertos, la violencia contra las mujeres defensoras suele tener características específicas de género y puede buscar castigarlas por desafiar roles tradicionales y ocupar el espacio público.
“La violencia contra las mujeres defensoras de derechos humanos suele presentar características específicas de género y busca sancionarlas por desafiar los roles tradicionales y ocupar el espacio público”, advirtieron.
Por ello, la ONU llamó al Estado mexicano a prevenir, investigar, sancionar y reparar los ataques contra las buscadoras con la debida diligencia, lo que implica no limitar la respuesta institucional a los casos ya consumados, sino tomar medidas para evitar nuevas agresiones y garantizar protección efectiva para las víctimas y sus familias.
Fuente: Tribuna