Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que las reformas al Código Penal Federal y a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, denominadas por sus críticos como ‘Ley Antimemes’, buscan combatir fraudes realizados mediante el uso de imágenes, logotipos o identidad de instituciones públicas. La mandataria sostuvo que la medida no tiene como objetivo sancionar expresiones políticas, críticas o sátiras.
¿Para qué sirve la llamada ‘Ley Antimemes’?
Durante su conferencia en Palacio Nacional, Sheinbaum explicó que la reforma pretende establecer un instrumento jurídico para sancionar casos en los que alguien utilice la imagen de una institución o funcionario público para hacerse pasar por una autoridad y cometer un fraude.
La presidenta puso como ejemplo videos creados con inteligencia artificial en los que aparezca el director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) difundiendo información falsa o una grabación en la que supuestamente ella invite a invertir en una cuenta vinculada con Petróleos Mexicanos (Pemex).
“De pronto sale un video con inteligencia artificial del director del IMSS diciendo una falsedad para cometer un fraude o un video mío llamando a la gente a que invierta en una cuenta que es de Pemex, porque ya ocurrió”, explicó.
¿La reforma prohíbe los memes o las críticas al gobierno?
Sheinbaum rechazó que las modificaciones tengan un propósito político y sostuvo que “nada que ver con lo político”. Según su explicación, el objetivo es que exista una herramienta legal para actuar cuando una persona utilice elementos gubernamentales con la finalidad de engañar a otras personas y obtener algún beneficio mediante un ilícito.
Luisa María Alcalde Luján, consejera jurídica de la Presidencia de la República, también rechazó que la reforma limite memes, sátiras o críticas. “Absolutamente nada tiene que ver esta ley con eso; no habla de críticas, de memes, de sátira”, afirmó al explicar el alcance de las modificaciones.
La funcionaria señaló que en redes sociales se han detectado intentos de fraude mediante el uso de logotipos e identidad gráfica de instituciones como el IMSS, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
¿Qué elementos deben cumplirse para que exista el delito?
De acuerdo con la explicación de Alcalde, la disposición sanciona el uso, reproducción, imitación o incorporación, a escala comercial, de identidad gráfica institucional, dominios electrónicos o documentos oficiales cuando se utilicen para inducir a error o engaño con la intención de cometer un ilícito.
La conducta contempla penas de uno a cinco años de prisión y multas de mil a 10 mil Unidades de Medida y Actualización (UMA) vigentes al momento de cometerse el delito, según lo expuesto por la consejera jurídica.
Alcalde subrayó que no basta con utilizar una imagen gubernamental para que automáticamente se configure el delito. Explicó que deben concurrir elementos como la intención de hacerse pasar por una institución pública, inducir al engaño y utilizar esa conducta con el propósito de cometer un ilícito.
¿Qué tipo de fraude busca combatir la reforma?
La presidenta señaló que uno de los escenarios más evidentes sería el uso de imágenes oficiales para engañar a ciudadanos y solicitarles dinero o inducirlos a realizar operaciones financieras. En estos casos, los materiales pueden difundirse mediante redes sociales y utilizar herramientas digitales para aparentar que el mensaje proviene de una institución o funcionario.
“Se trata de engañar al otro para hacerte pasar como si tú fueras del gobierno con la intención de cometer un delito. En específico puede ser fraude”, explicó Alcalde.
Sheinbaum agregó que el instrumento jurídico también permitiría buscar mecanismos para que, cuando una persona haya sido víctima de un fraude de este tipo, pueda recuperarse el dinero conforme a los procedimientos legales correspondientes.
Fuente: Tribuna