Ciudad de México.- Un análisis independiente estima que el crimen organizado en México ejerce condiciones de control o “gobernanza efectiva” en alrededor de 30 por ciento del territorio nacional, mientras que sólo 23 por ciento tendría un predominio claro del Estado. El restante 47 por ciento se ubicaría en una franja de control compartido o disputado entre autoridades y grupos delictivos.
El documento, titulado ‘¿Quién controla México? Mapa térmico del control del narcotráfico y del cobro de piso por estado y ciudad’, tiene corte al 25 de septiembre de 2026 y aclara que no mide únicamente violencia o incidencia delictiva, sino la capacidad de organizaciones criminales para intervenir en la vida cotidiana, la economía local, la movilidad y decisiones comunitarias.
La estimación no es una cifra oficial del Gobierno federal. El propio planteamiento subraya que no significa que los grupos criminales sean dueños formales de esa superficie ni que controlen cada punto geográfico de los estados señalados, sino que en amplias regiones pueden imponer reglas, cobrar cuotas, instalar retenes, restringir movimientos o influir sobre autoridades locales.
¿Qué mide el estudio y por qué no equivale a contar homicidios?
La radiografía parte de una idea central: violencia y control territorial no son lo mismo. Una zona puede registrar homicidios o enfrentamientos porque hay disputa entre grupos, sin que alguno haya consolidado el dominio. En sentido contrario, también puede haber comunidades donde una organización criminal mantenga influencia mediante amenazas, cobros o control económico sin episodios constantes de violencia visible.
Por eso, el concepto de gobernanza criminal se usa para describir situaciones en las que organizaciones ilegales regulan actividades, imponen reglas o compiten con instituciones gubernamentales. Según el análisis, esa capacidad puede reflejarse en prácticas como el cobro de piso, el control de mercados, la instalación de retenes, la intervención en actividades económicas o la cooptación de autoridades.
El estudio insiste en que el 30 por ciento no debe leerse como una ocupación física del territorio ni como desaparición total del Estado en esas zonas. Se trata de una aproximación sobre la capacidad de los grupos delictivos para condicionar la vida económica, social o institucional en determinadas regiones.
¿Cómo se divide el país: predominio criminal, disputa y predominio estatal?
La clasificación distribuye al país en tres niveles. En el primero, de predominio criminal en amplias regiones, fueron ubicadas nueve entidades. En conjunto, esos estados concentran alrededor del 23 por ciento de la población nacional.
En un segundo bloque aparecen 14 estados con condición de control compartido o disputado entre instituciones y organizaciones delincuenciales. Ese grupo concentra alrededor del 59 por ciento de la población del país. Entre esas entidades se encuentra Sonora, que no fue colocada en la categoría de mayor predominio criminal, sino en este nivel intermedio.
Finalmente, sólo nueve entidades quedaron dentro de la categoría de predominio estatal. Esos estados representan aproximadamente 17 por ciento de la población nacional. Aun así, la clasificación no implica ausencia de delincuencia, sino que, bajo los criterios del análisis, las instituciones conservan una capacidad más clara de actuación frente a las organizaciones criminales.
El documento también advierte que los porcentajes poblacionales suman aproximadamente 99 por ciento debido al redondeo de cifras.
¿Qué sí se puede concluir y qué no sobre el 30% del territorio?
Una de las principales advertencias del estudio es que la lectura debe hacerse a escala estatal y con matices regionales. Estar en la categoría de predominio criminal no significa que todo el territorio de una entidad esté bajo control del crimen organizado, del mismo modo que un estado con predominio estatal no está libre de delitos.
En el caso de Sonora, por ejemplo, la clasificación no permite concluir que todos sus municipios presenten las mismas condiciones ni que la influencia criminal sea uniforme en cada ciudad o comunidad. El planteamiento sostiene que dentro de una misma entidad pueden coexistir zonas con mayor capacidad institucional y otras con mayor presión de grupos delictivos.
El análisis tampoco es directamente comparable con las métricas oficiales de seguridad. Mientras este documento busca estimar control territorial y capacidad de gobernanza criminal, los registros gubernamentales suelen medir homicidios, extorsiones, denuncias, investigaciones y capacidades institucionales.
Como referencia, el Programa Nacional de Seguridad Pública 2026-2030 reconoce como prioridad debilitar las estructuras de delincuencia organizada y advierte que la extorsión sigue en niveles elevados, pero no establece que 30 por ciento del territorio mexicano esté formalmente controlado por organizaciones criminales.
En otras palabras, la cifra difundida por el estudio funciona como una aproximación sobre hasta dónde puede llegar la influencia del crimen organizado en México, pero requiere contexto: no equivale a decir que tres de cada diez kilómetros cuadrados del país estén ocupados por delincuentes ni que las autoridades hayan perdido por completo sus funciones en esos lugares.
Fuente: Tribuna