Estados Unidos.- Un juez federal de Estados Unidos bloqueó la política del Gobierno de Donald Trump que permitía imponer multas de hasta 1.8 millones de dólares a migrantes que no abandonaran el país después de recibir una orden definitiva de deportación. La resolución, emitida por el juez George O’Toole en Boston, frena una medida que el Departamento de Seguridad Nacional había aplicado con sanciones de 998 dólares diarios y que, según el propio Gobierno, ya había derivado en más de 103,000 multas por un total de 84,000 millones de dólares.
La decisión importa porque suspende una política que podía llevar a los afectados a la insolvencia y que, de acuerdo con la sentencia, fue aplicada de manera ilegal. El caso surgió a partir de una demanda colectiva presentada el año pasado por dos migrantes y el Centro de Recursos Legales para Inmigrantes.
¿Qué resolvió el juez y por qué bloqueó las sanciones?
El juez George O’Toole, de la corte federal de distrito en Boston, concluyó que el Gobierno impuso las multas de forma ilegal y que era necesario detener las políticas relacionadas con su cobro mientras avanza el litigio.
En su resolución, el magistrado señaló que los demandantes ya viven en una situación económica precaria y que las sanciones del Gobierno eran exorbitantes. También determinó que las multas violaban la Ley de Procedimiento Administrativo, porque los formularios usados por las autoridades no incluían alegaciones específicas que explicaran por qué la conducta de cada persona justificaba una sanción.
Además, el juez concluyó que el Gobierno incumplió los procedimientos para cambiar reglas al adoptar un sistema acelerado de imposición de multas sin abrir antes un periodo de comentarios públicos.
¿Cómo funcionaba la política del DHS y cuánto dinero reclamaba?
La política fue impulsada por el Departamento de Seguridad Nacional durante el segundo gobierno de Donald Trump. Desde el año pasado, la administración comenzó a imponer multas de 998 dólares por día a migrantes que permanecieran en Estados Unidos después de recibir una orden final de deportación.
Esas sanciones podían aplicarse de forma retroactiva por periodos de hasta cinco años, lo que elevaba el monto máximo a 1.8 millones de dólares por persona.
En julio de 2025, el DHS y el Departamento de Justicia de Estados Unidos implementaron un nuevo procedimiento para acelerar la imposición de multas. Según el Gobierno, el cambio eliminó un plazo de notificación previa de 30 días y redujo el tiempo para impugnar las sanciones.
El propio DHS informó en julio que había impuesto más de 103,000 multas a migrantes, por un total aproximado de 84,000 millones de dólares, desde que Trump regresó a la Casa Blanca el año pasado.
El origen legal de las multas y la demanda contra ICE
Aunque el Congreso autorizó este tipo de sanciones civiles en la Ley de Reforma de la Inmigración Ilegal y Responsabilidad de los Inmigrantes de 1996, ningún Gobierno había intentado aplicarlas hasta el primer mandato de Donald Trump.
La demanda colectiva cuestionó tanto la política acelerada anunciada en julio de 2025 como la práctica del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, conocido como ICE, de emitir multas mediante formularios estandarizados sin evaluar de manera independiente si la persona había incumplido su obligación de salir del país de forma “deliberada” o “voluntaria”.
Hasta ahora, el Departamento de Seguridad Nacional no había emitido comentarios inmediatos sobre la decisión judicial.
Fuente: Tribuna