Ciudad de México.- Margarita López Pérez y Brenda María Valenzuela Gil, madres de víctimas de desaparición, presentaron este 7 de octubre de 2026 una demanda contra Ernestina Godoy y los 32 fiscales del país, en un nuevo episodio de presión pública y legal por la respuesta de las autoridades ante la crisis de personas desaparecidas en México.
El señalamiento coloca en el centro a las fiscalías por presuntas omisiones en la investigación y atención de estos casos, un reclamo que desde hace años sostienen colectivos de madres buscadoras en distintas entidades del país.
¿Qué se sabe de la demanda presentada este 7 de octubre?
De acuerdo con la información difundida, la acción legal fue promovida por Margarita López Pérez y Brenda María Valenzuela Gil, ambas identificadas como madres de víctimas de desaparición.
La demanda fue dirigida contra Ernestina Godoy y los 32 fiscales del país. El dato central del caso es que las promoventes acusan a las autoridades responsables de procuración de justicia en México en el contexto de la atención a desapariciones.
Hasta el momento, en la fuente consultada no se detallan públicamente los delitos o figuras jurídicas específicas reclamadas, ni el juzgado o instancia exacta donde fue presentada la demanda.
¿Por qué importa el caso para las familias de personas desaparecidas?
La presentación de esta demanda ocurre en medio de una crisis nacional de desapariciones, en la que familiares de víctimas han denunciado de forma reiterada retrasos en investigaciones, falta de coordinación entre fiscalías y ausencia de resultados.
Para muchas familias, las madres buscadoras han asumido tareas de localización y presión institucional ante lo que consideran respuestas insuficientes de las autoridades. Por eso, una demanda contra Ernestina Godoy y los 32 fiscales del país tiene un peso político y social relevante.
Lo que falta por aclararse
Con la información disponible, todavía quedan preguntas clave para el seguimiento del caso:
- Cuál es el contenido completo de la demanda.
- Qué hechos concretos se atribuyen a Ernestina Godoy y a los demás fiscales.
- Ante qué autoridad judicial o ministerial fue presentada.
- Si habrá una respuesta oficial de las fiscalías señaladas.
En tanto no se conozcan más documentos o posicionamientos oficiales, el caso debe leerse como una acción legal impulsada por familiares de víctimas que busca exigir responsabilidades a las autoridades encargadas de investigar desapariciones.
Fuente: Tribuna