Madrid, España.- María del Carmen Abascal, conocida como ‘Maricarmen’, murió a los 87 años este miércoles 7 de octubre, informó el Sindicato de Inquilinas. Su caso se convirtió en uno de los símbolos más visibles de la crisis de vivienda en España después de que fuera desalojada de su departamento en Madrid por no poder pagar la renta exigida por la empresa Urbagestión.
La muerte ocurrió apenas días después de que su defensa anunciara un acuerdo para que pudiera regresar a la vivienda del barrio de Retiro, donde había vivido durante décadas. Según ese pacto, su alquiler quedaría limitado al 30 por ciento de sus ingresos y no pagaría más de los 500 euros mensuales que cubría antes. Para colectivos de vivienda, la solución llegó tarde tras un proceso que desató protestas, acampadas y presión política sobre el gobierno de Pedro Sánchez.
De un desalojo en camilla a un caso nacional
El caso de ‘Maricarmen’ escaló a nivel nacional luego de que el 23 de septiembre se ejecutara el desahucio ordenado judicialmente. Ese día, la comisión judicial la sacó de su casa en camilla y fue trasladada a un hospital público por su estado de salud y su movilidad reducida.
Un día antes, el 22 de septiembre, el Sindicato de Inquilinas de Madrid y colectivos del barrio de Retiro habían convocado una concentración para intentar frenar el cuarto intento de desahucio. Los abogados de la inquilina pidieron aplazar la diligencia para organizar la salida, pero la propiedad lo rechazó y planteó una última oferta: una renta de 1 mil 650 euros mensuales, cantidad que ella no podía asumir.
Tras el desalojo, decenas de personas acudieron a la vivienda para exigir que pudiera permanecer en el lugar donde vivió prácticamente toda su vida. La presión social creció en los días siguientes y convirtió su historia en referencia obligada del debate sobre alquileres y protección a inquilinos vulnerables.
¿Qué originó el conflicto con Urbagestión?
El origen del conflicto se remonta a la historia del inmueble. El padre de María del Carmen Abascal alquiló por primera vez la propiedad en 1956. Ella continuó como inquilina tras la muerte de sus padres, en una etapa en la que existía un tope al alquiler.
La situación cambió cuando el edificio fue comprado en 2018 por Urbagestión. La empresa dio por extinguido el contrato firmado por los padres de ‘Maricarmen’ y le exigió un nuevo alquiler que no podía pagar, detonando el conflicto que terminó en tribunales y después en el desahucio.
A finales de septiembre, su abogada Beatriz Duro informó que se había alcanzado un acuerdo con Urbagestión para que regresara de inmediato a su departamento como arrendataria. El convenio establecía que el pago no superaría el 30 por ciento de sus ingresos netos.
Protestas, el llamado ‘Decreto Maricarmen’ y decretos rechazados
Después del desalojo, las movilizaciones se extendieron. El 26 de septiembre, manifestantes comenzaron a acampar en la Puerta del Sol de Madrid, tras protestas en otras ciudades españolas convocadas por colectivos por el derecho a la vivienda. También se difundió un mensaje grabado por ‘Maricarmen’ en el que pedía a Pedro Sánchez prohibir de forma efectiva los desahucios sin alternativa habitacional garantizada.
El 27 de septiembre, la Puerta del Sol se consolidó como centro de asambleas y protestas para exigir la aprobación del llamado ‘Decreto Maricarmen’, una propuesta mediática para impedir lanzamientos sin una solución habitacional previa.
El 28 de septiembre, la familia de ‘Maricarmen’ y Urbagestión acordaron su regreso inmediato a la vivienda por un precio que no superara el 30 por ciento de sus ingresos netos. Un día después, el 29 de septiembre, el Consejo de Ministros aprobó dos decretos ley de vivienda con medidas de protección ante desahucios, estabilización de contratos y prohibición de compra especulativa por fondos.
El 30 de septiembre se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el decreto sobre moratoria de desahucios hasta 2030, topes al alquiler y medidas fiscales. El 1 de octubre se publicó un segundo decreto sobre prórroga obligatoria y renovación automática de contratos de alquiler.
Sin embargo, el 2 de octubre, el Pleno del Congreso rechazó ambos decretos con los votos en contra de Junts, PP, UPN y Vox. Tras esa decisión, los manifestantes que seguían acampando en la Puerta del Sol anunciaron que mantendrían la protesta e incluso apuntaron a una huelga general.
La muerte de ‘Maricarmen’ vuelve a colocar en el centro del debate el alcance de la crisis de vivienda en España y la respuesta institucional frente a los desahucios de personas mayores y sin alternativa habitacional.
Fuente: Tribuna