Ciudad de México.- Frida Gómez Puga, consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), denunció que recibió “amenazas graves” que ponen en riesgo su integridad física y la de su familia, en medio de la controversia por el mecanismo para analizar las boletas planchadas, una propuesta de la que fue autora y que esta semana fue revocada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf).
El caso cobra relevancia porque la denuncia ocurre después de una decisión judicial sobre un tema sensible para la organización y revisión de procesos electorales. El señalamiento de la consejera coloca el foco no sólo en la disputa institucional por las boletas, sino también en las condiciones de seguridad de quienes participan en decisiones públicas.
¿Qué denunció la consejera del INE?
De acuerdo con la información difundida, Frida Gómez Puga aseguró que recibió amenazas que calificó como graves. Según su denuncia, estas agresiones representan un riesgo tanto para ella como para su familia.
Hasta ahora, el dato central confirmado es la existencia de esta denuncia pública en el contexto de la resolución sobre las boletas planchadas. No se detallaron en la fuente el contenido de las amenazas ni posibles responsables.
El contexto: La decisión sobre boletas planchadas
La denuncia ocurre después de que el Tepjf revocó esta semana el mecanismo para analizar las boletas planchadas elaborado por Frida Gómez Puga en el INE.
Ese es el detonante inmediato del caso: la invalidación de una propuesta técnica vinculada con la revisión de boletas. La resolución del tribunal revirtió el mecanismo impulsado por la consejera, y posteriormente ella hizo pública la existencia de amenazas.
¿Por qué importa el caso?
El señalamiento abre dos frentes de interés público. Por un lado, la discusión institucional entre el INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sobre cómo analizar las boletas planchadas. Por otro, la seguridad de una funcionaria electoral que afirma estar bajo amenaza junto con su entorno familiar.
Para la ciudadanía, el caso importa porque mezcla una resolución clave en materia electoral con una denuncia de riesgo personal contra una autoridad involucrada en ese proceso. En este momento, la información confirmada se limita a la denuncia de la consejera y al antecedente de la revocación del mecanismo por parte del tribunal.
Fuente: Tribuna