Monterrey, Nuevo León. – La expansión acelerada de la industria tecnológica y la inteligencia artificial en la entidad ha encendido las alertas legislativas sobre el impacto ambiental de los complejos de almacenamiento digital. Ante este escenario, el diputado local del Partido Acción Nacional (PAN), Mauro Guerra Villarreal, presentó una iniciativa orientada a reformar la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Nuevo León. La propuesta busca que las empresas tecnológicas incorporen criterios de sostenibilidad en el uso de recursos naturales antes de concretar cualquier obra de construcción.

La iniciativa surge como respuesta a los requerimientos operativos de estas instalaciones, las cuales albergan miles de servidores, cuentan con sistemas complejos de enfriamiento y requieren un suministro eléctrico continuo para garantizar su funcionamiento ininterrumpido las veinticuatro horas del día. En este sentido, el legislador enfatizó que la evaluación de los recursos no debe realizarse tarde, cuando la infraestructura ya se encuentra edificada y operando, sino desde el diseño inicial del proyecto.

Durante la presentación del documento, Guerra Villarreal puntualizó las características físicas y operativas que diferencian a estos complejos de las edificaciones comerciales tradicionales. “Un centro de datos no es solamente un edificio lleno de servidores; para funcionar requiere electricidad, sistemas de enfriamiento, infraestructura de telecomunicaciones, terrenos y, dependiendo de su diseño, cantidades variables de agua”, expresó el diputado ante el pleno del Poder Legislativo.

El planteamiento adquiere especial relevancia al considerar los antecedentes recientes de la entidad en materia hídrica. Nuevo León ha atravesado episodios críticos de escasez de agua que han afectado tanto el consumo humano como las actividades industriales. Por esta razón, el legislador panista consideró indispensable que la disponibilidad de este recurso sea un factor determinante en las decisiones que orientan el crecimiento económico y el desarrollo urbano regional.

Entre los incentivos planteados en la reforma se contempla la promoción de tecnologías alternativas que optimicen el rendimiento ambiental de los complejos digitales. El diputado señaló que si una tecnología puede operar con menor volumen hídrico, los marcos normativos deben reconocerlo; asimismo, si un sistema de enfriamiento logra reducir el consumo o si una instalación puede aprovechar agua tratada en sustitución de agua potable, el Estado debe contar con los mecanismos regulatorios para promover estas alternativas y reconocerlas oficialmente.

La iniciativa contempla el diseño de herramientas institucionales que permitan premiar e incentivar a corporativos tecnológicos que implementen sistemas avanzados de almacenamiento de energía, generación mediante fuentes limpias y plataformas inteligentes de administración de carga eléctrica. Con estas medidas, se pretende consolidar un equilibrio entre la atracción de inversiones de alta tecnología y la protección del patrimonio natural de la región.

Para respaldar la pertinencia de la medida, el legislador retomó advertencias emitidas por organismos internacionales especializados en materia energética y ambiental. Entre ellas, destacó los informes recientes del Departamento de Energía de Estados Unidos, los cuales señalan un incremento exponencial en la demanda eléctrica asociado directamente con la expansión de centros de datos y el procesamiento masivo de inteligencia artificial. Del mismo modo, se documentaron las proyecciones de la Agencia Internacional de Energía, entidad que estima que el consumo mundial de electricidad por parte de estas instalaciones podría duplicarse hacia el año 2030, impulsado por la digitalización corporativa.

Frente a este panorama global y local, la iniciativa busca anticiparse al crecimiento proyectado del sector digital en Nuevo León, garantizando que el desarrollo económico impulsado por las nuevas tecnologías no comprometa la seguridad hídrica ni energética de las próximas generaciones. La propuesta legislativa fue turnada a las comisiones correspondientes del Congreso local para su análisis técnico, discusión y posterior dictaminación durante el presente periodo de sesiones.

Fuente: Tribuna