Ciudad de México.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) habilitó una plataforma digital para ayudar a frenar cobros excesivos en trámites y servicios municipales como copias certificadas, licencias de construcción, infracciones y alumbrado público. La medida busca atacar un problema que, según datos difundidos por Reforma, llevó al máximo tribunal a resolver 118 asuntos entre septiembre de 2025 y agosto de 2026 por tarifas incluidas en leyes de ingresos municipales que excedían el costo real del servicio.

El caso que mejor ilustra el problema ocurrió en San Pablo Macuiltianguis, Oaxaca, donde el municipio cobraba 120 pesos por expedir la copia de un documento de sus archivos, aunque el costo real era de apenas 76 centavos. La Corte invalidó esa tarifa al resolver la acción de inconstitucionalidad 31/2026.

¿Qué hace la nueva plataforma de la SCJN?

La herramienta fue desarrollada por el Centro de Estudios Constitucionales y Saberes Jurídicos (Cecsj) bajo el nombre de Ecosistema del Costo Real del Servicio del Estado. Su función es calcular cuánto le cuesta realmente al Estado prestar un servicio público, con apoyo de fórmulas matemáticas y parámetros técnicos.

El sistema permite comparar cobros relacionados con:

  • Expedición de documentos
  • Licencias de construcción
  • Infracciones administrativas
  • Suministro de agua potable
  • Permisos diversos

De acuerdo con declaraciones citadas por La Jornada, el investigador del Cecsj, Oliver Joaquín Giménez Héau, explicó que la plataforma surgió por iniciativa del ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz. La herramienta comenzó a usarse de forma interna en las ponencias de la Corte desde febrero de 2026 y quedó disponible para el público el 28 de septiembre.

¿Por qué la Corte decidió intervenir?

La revisión constante de leyes de ingresos municipales se volvió una carga recurrente para el pleno de la SCJN. Según explicó Hugo Aguilar Ortiz, se trata de asuntos de vigencia anual en los que muchos municipios repiten cada año el mismo vicio de inconstitucionalidad, por lo que la Corte los invalida y al siguiente ejercicio vuelven a presentarse en términos similares.

La saturación llegó al punto de consumir sesiones completas. En una sola jornada ordinaria, el pleno resolvió más de 30 casos de este tipo. Para agilizar el trabajo, el tribunal acordó el 28 de septiembre analizar y votar estos expedientes de manera conjunta.

Las entidades con mayor número de casos fueron Michoacán, Oaxaca, Tamaulipas, Durango y Tlaxcala. Los trámites con más irregularidades detectadas fueron copias certificadas, infracciones administrativas y licencias de construcción.

La herramienta no es obligatoria, pero busca evitar nuevas anulaciones

Aunque la plataforma ya está disponible, su uso no es obligatorio para municipios ni congresos locales. La investigadora del Cecsj, Mónica Valle Morales, aclaró que las autoridades conservan la facultad de fijar sus tarifas.

Sin embargo, esos cobros deben justificarse con criterios objetivos, razonables y transparentes para cumplir con la Constitución. La apuesta de la Corte es preventiva: que ayuntamientos y legislaturas estatales usen los mismos parámetros técnicos al elaborar sus leyes de ingresos y así eviten imponer tarifas desproporcionadas que después deban ser anuladas.

Fuente: Tribuna