Monterrey, Nuevo León. – El Congreso del Estado de Nuevo León se encuentra nuevamente en el centro del debate legislativo luego de que diputadas del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano exigieran a las demás fuerzas políticas destrabar diversas iniciativas enfocadas en prevenir, sancionar y erradicar la violencia vicaria. Las legisladoras señalaron que, a pesar de la urgencia social y de los múltiples reportes de madres afectadas, las propuestas continúan detenidas en las comisiones legislativas encargadas de su análisis.

El posicionamiento de las representantes emecistas surge tras diversos reportes periodísticos y demandas ciudadanas que evidencian cómo este tipo de agresión —en la cual los hijos son utilizados como instrumento para coaccionar, manipular y prolongar el maltrato contra las madres— mantiene a decenas de familias en una situación de profunda vulnerabilidad jurídica, psicológica y emocional en la entidad.

La coordinadora de la bancada de Movimiento Ciudadano, Sandra Pámanes, explicó que su partido ha promovido reformas sustanciales al Código Civil y a la Ley de Prevención y Atención Integral de la Violencia Familiar, con el propósito de robustecer el marco jurídico estatal y brindar herramientas efectivas a los tribunales. No obstante, lamentó que el avance legislativo en comisiones haya sido limitado.

“No hemos podido avanzar aquí en Nuevo León, solamente se ha aprobado en la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, pero creo que nos estamos limitando muchísimo y pudiéramos ampliar más esta cobertura de derecho hacia los hombres y mujeres”, expresó la legisladora. Pámanes defendió que las reformas contemplen una protección integral que no discrimine el género de la víctima, argumentando que, si bien el fenómeno recae mayoritariamente en las mujeres, el sistema normativo debe garantizar una cobertura del 100 por ciento para cualquier persona que sufra este tipo de afectación en el entorno doméstico.

La diputada Melissa Peña profundizó en la necesidad de adecuar el marco punitivo del estado, señalando que la violencia vicaria impacta el bienestar, la estabilidad emocional y la integridad de las infancias, por lo que resulta indispensable tipificarla y sancionarla dentro del Código Penal de Nuevo León.

Como parte de este paquete de propuestas, Peña detalló una iniciativa propia orientada a modificar las consecuencias legales para agresores con antecedentes graves en el ámbito familiar. “Tu servidora ingresó una iniciativa para que pierda la patria potestad de los niños; aquel que atente o dañe a una mujer. Entonces, aquel que intente feminicidio o cause el feminicidio pueda perder la patria potestad del menor”, aseguró la diputada durante su intervención ante los medios de comunicación locales.

La diputada Marisol González advirtió que esta problemática no es un caso aislado, sino una constante reportada por la ciudadanía en sus espacios de atención legislativa y gestoría social. Desde su casa de gestión ubicada en el municipio de Santa Catarina, González recibe testimonios de madres de familia cuyos hijos son instrumentalizados legal y psicológicamente para agredirlas.

Para la legisladora, la parálisis legislativa responde directamente a una falta de voluntad política por parte de las bancadas mayoritarias, específicamente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del Partido Acción Nacional (PAN), a cuyos integrantes señaló de mantener las propuestas en la congeladora del Congreso local sin dictaminarlas ni someterlas a votación en el pleno.

Ante este panorama de rezago, las representantes de Movimiento Ciudadano enfatizaron que mantendrán una postura firme y continuarán impulsando las reformas para evitar que las iniciativas sigan acumulando polvo en los archivos legislativos. “Así es, seguiremos trabajando, impulsando las reformas y levantando la voz exigiendo que no continúen estas propuestas de reforma en la congeladora del Congreso”, aseveró González.

La discusión sobre la violencia vicaria en Nuevo León pone sobre la mesa el reto urgente de alinear las leyes estatales con los estándares internacionales de protección a los derechos humanos y el interés superior de la niñez. Mientras las fuerzas políticas discuten el destino de las propuestas, colectivos de víctimas y legisladoras insisten en que la inacción institucional prolonga el sufrimiento de las familias afectadas, evidenciando la necesidad de superar los desacuerdos partidistas en favor de la justicia social.

Fuente: Tribuna