Monterrey, Nuevo León. – El Congreso del Estado de Nuevo León puso en marcha un proceso de revisión exhaustiva sobre las leyes y disposiciones normativas que se encuentran vigentes, pero que carecen de un respaldo presupuestal adecuado para su correcta y oportuna aplicación. Esta iniciativa tiene como propósito fundamental identificar aquellas obligaciones legales que representan compromisos financieros para el estado, con la finalidad de integrarlas en la discusión del Paquete Fiscal 2027, garantizando así la congruencia entre el marco jurídico y la disponibilidad real de recursos públicos.
La propuesta legislativa fue planteada por la diputada Lorena de la Garza, quien encabeza la Comisión de Presupuesto en el Poder Legislativo local. Durante su intervención ante el Pleno, la legisladora advirtió sobre la problemática que surge cuando se aprueban mandatos legales que imponen cargas económicas a las dependencias estatales sin que se prevea una fuente de financiamiento específica, lo que deriva en un desfase operativo y en la imposibilidad material de cumplir con los objetivos institucionales establecidos por la propia ley.
Para concretar este diagnóstico, la solicitud instruye a las diferentes comisiones ordinarias del Congreso a realizar un análisis sectorial detallado de las leyes relacionadas con sus respectivas áreas de competencia. El objetivo prioritario de esta revisión interna es detectar las disposiciones cuya ejecución práctica dependa de una asignación financiera adicional, evitando de este modo que el marco normativo del estado mantenga mandatos inaplicables por falta de planeación presupuestal previa.
El esquema de trabajo contempla emitir requerimientos de información dirigidos a diversas secretarías del gobierno estatal, organismos autónomos y otros entes públicos involucrados en la ejecución de la ley. Mediante esta recopilación de datos, el Congreso busca documentar con precisión cuáles disposiciones no han podido solventarse por insuficiencia de recursos durante los últimos ejercicios fiscales, cuantificando el impacto económico real que estas deficiencias generan en la administración pública de la entidad.
Con la información recabada, la Comisión de Presupuesto pretende establecer una ruta clara que permita definir costos de ejecución, dependencias responsables y esquemas de cumplimiento paulatino. La diputada De la Garza señaló la necesidad de transparentar estos procesos financieros ante la ciudadanía: “Hay que saber cuánto cuesta, quién debe ejecutarla, de dónde saldrán los recursos y, cuando no sea posible cumplirla en un solo ejercicio fiscal, establecer una ruta gradual para hacerlo”, puntualizó.
La legisladora reconoció que las limitaciones financieras del erario estatal impiden la cobertura inmediata de todas las obligaciones normativas existentes, por lo que consideró indispensable priorizar los gastos y establecer mecanismos de aplicación progresiva. Esta medida busca prevenir que la aprobación de nuevas leyes incremente el déficit de cumplimiento institucional sin una previsión económica debidamente estructurada que respalde su viabilidad a mediano y largo plazo.
Se hizo un llamado extensivo a los integrantes de las diferentes fuerzas políticas representadas en el Congreso para colaborar en la revisión desde cada comisión legislativa. El análisis conjunto busca filtrar las disposiciones que requieran ajustes presupuestales urgentes o modificaciones en sus plazos de implementación, asegurando que las decisiones del Poder Legislativo mantengan un equilibrio financiero responsable y sostenible para el estado.
Como parte de los preparativos técnicos previos a la discusión formal del Paquete Fiscal 2027, la Comisión de Presupuesto proyecta llevar a cabo mesas de trabajo con funcionarios gubernamentales, autoridades municipales y titulares de organismos autónomos. Estos encuentros institucionales permitirán contrastar las demandas operativas de cada sector con los recursos proyectados, sentando las bases para un presupuesto equilibrado que responda tanto a las exigencias legales como a la realidad financiera de Nuevo León.
Fuente: Tribuna