Monterrey, Nuevo León. – El marco jurídico del estado de Nuevo León avanza en el análisis de una reforma orientada a tipificar y sancionar penalmente la denominada violencia vicaria o por interpósita persona. La propuesta legislativa se encuentra bajo una revisión exhaustiva coordinada entre el Poder Legislativo, el Poder Judicial y la Fiscalía General de Justicia del Estado, con el propósito de cerrar vacíos legales y garantizar la protección integral de las madres y los menores de edad que enfrentan este tipo de agresiones sistemáticas.

La iniciativa, presentada por la diputada local del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Armida Serrato, surge como respuesta ineludible a la necesidad de dotar a las instituciones de herramientas coercitivas eficaces. Diversos colectivos ciudadanos y reportes periodísticos han documentado cómo numerosas mujeres en la entidad enfrentan procesos judiciales complejos, amenazas constantes de perder la custodia de sus hijos y graves afectaciones económicas derivadas del uso de los menores como instrumentos de control, manipulación y castigo por parte de sus exparejas.

En relación con el estado actual del proceso legislativo, la legisladora explicó que el retraso en la dictaminación responde a la necesidad de armonizar el proyecto con las instancias de procuración e impartición de justicia. El objetivo central de esta revisión interinstitucional es prevenir la generación de vacíos legales, contradicciones normativas u obstáculos operativos que pudieran entorpecer otros procedimientos de carácter familiar o penal que se encuentren en curso.

Durante las mesas de trabajo y reuniones sostenidas con la presidencia de la Comisión de Justicia del Congreso local, se han recibido comentarios favorables respecto al fondo y la pertinencia social de la propuesta. Bajo este escenario político y legislativo, se mantiene la expectativa institucional de que el dictamen pueda ser discutido, votado y aprobado antes de la conclusión del periodo ordinario de sesiones, previsto para el próximo 20 de diciembre de 2026, consolidando así un mecanismo de protección largamente demandado por sectores sociales y organizaciones civiles.

En términos punitivos, el proyecto de reforma plantea establecer penas privativas de la libertad que oscilarían entre los tres y los siete años de prisión para aquellas personas que cometan actos de violencia a través de interpósita persona. Se contempla una agravante normativa para los casos de reincidencia comprobada, escenario en el cual la sanción corporal podría incrementarse de cuatro a nueve años de cárcel, endureciendo de manera significativa la respuesta del Estado frente a la conducta contumaz de los agresores.

Junto con las sanciones de carácter punitivo, la propuesta normativa contempla la expedición formal y el fortalecimiento operativo de órdenes de protección inmediatas. Estas medidas están diseñadas para salvaguardar la integridad física, emocional y patrimonial de las víctimas directas, así como de sus hijos y de los integrantes de su red de apoyo cercano, quienes con frecuencia también son blanco de intimidaciones y presiones psicológicas.

La diputada promotora de la iniciativa puntualizó que esta forma de violencia no se circunscribe de manera exclusiva a la agresión física directa contra la expareja, sino que opera mediante una estrategia calculada de daño emocional y psicológico. Esta dinámica se instrumenta por lo general mediante amenazas, hostigamiento o afectaciones a personas significativas dentro del entorno afectivo de la víctima, utilizando a los hijos comunes para infligir un sufrimiento prolongado e irreparable.

Aunque el sistema normativo estatal reconoce conceptualmente la violencia por interpósita persona en diversas disposiciones, la ausencia histórica de una penalización específica en el Código Penal ha dejado un amplio margen de impunidad que esta reforma pretende erradicar definitivamente. La legisladora subrayó que establecer consecuencias punitivas claras y aplicables constituye el eslabón indispensable para completar el andamiaje legal de protección a las familias en Nuevo León.

La discusión legislativa en torno a la violencia vicaria refleja la urgencia social de adaptar las normativas locales a las nuevas realidades criminológicas. Con la revisión final en curso por parte del Poder Judicial y la Fiscalía, el Congreso de Nuevo León se encamina hacia una definición jurídica que marcará un hito fundamental en la procuración de justicia con perspectiva de género y en la salvaguarda de los derechos de la infancia en la entidad federativa.

Fuente: Tribuna