Monterrey, Nuevo León. – El estado de Nuevo León se encuentra en la etapa final de adecuación y análisis normativo para definir cómo se aplicará de manera específica la regulación sobre el uso de teléfonos celulares y dispositivos electrónicos en los planteles de educación básica y media superior. De acuerdo con las autoridades educativas locales, el marco reglamentario que regirá esta disposición deberá quedar establecido antes del próximo 3 de noviembre de 2026, en cumplimiento de los lineamientos derivados del acuerdo nacional suscrito el pasado 22 de septiembre de 2026 por las instancias federales y los secretarios de Educación de todo el país.

Juan Paura García, titular de la Secretaría de Educación en la entidad, explicó que el proceso normativo contempla un periodo estructurado que no se limita al diseño del reglamento. Si bien la fecha límite de noviembre marca la culminación de la fase de armonización legal y definición de criterios, la normativa incluirá un plazo adicional de hasta 180 días naturales destinados a la implementación operativa de las medidas en las escuelas públicas y privadas del estado. Sin embargo, el funcionario aclaró que este proceso no será homogéneo ni esperará al agotamiento total del plazo máximo, sino que se desplegará de forma gradual conforme los planteles vayan adaptando sus dinámicas
internas.

El trabajo técnico que realiza la dependencia estatal consiste en conciliar las nuevas disposiciones federales con el marco jurídico preexistente en Nuevo León. Paura García señaló que la entidad ya cuenta con antecedentes normativos en la materia, tales como las disposiciones estipuladas en el artículo 52 de la Ley de Educación del Estado, así como diversas directrices contenidas en las guías operativas escolares. El reto actual radica en actualizar y homologar estos instrumentos para que respondan de manera armónica a los criterios nacionales planteados a mediados de septiembre.

Uno de los aspectos fundamentales de los nuevos lineamientos es la diferenciación de las restricciones y excepciones según el nivel educativo y las necesidades pedagógicas específicas de cada comunidad escolar. En el caso de la educación básica, el enfoque principal será restringir el uso generalizado de los dispositivos móviles durante las horas de clase, estableciendo excepciones claras y supervisadas cuando los teléfonos sean requeridos estrictamente para actividades académicas guiadas por los docentes. En los niveles de secundaria y educación media superior, la regulación adoptará modalidades más específicas que reconozcan la madurez de los alumnos y la naturaleza de sus planes de estudio.

El secretario de Educación destacó que el entorno tecnológico actual exige una visión equilibrada, especialmente en aquellos planteles de carácter técnico que imparten programas orientados a sectores de alta demanda tecnológica, tales como la electromovilidad, la inteligencia artificial y la robótica. En estos espacios, el uso de herramientas digitales y dispositivos electrónicos forma parte esencial del proceso de aprendizaje, por lo que las normativas locales contemplarán los resquicios necesarios para no frenar la innovación educativa ni obstaculizar la formación práctica de los estudiantes.

Como parte de la estrategia de socialización, la dependencia estatal ha señalado que diversas escuelas secundarias ya mantienen una coordinación directa con las asociaciones de padres de familia para regular el uso de aparatos electrónicos solo en fechas determinadas cuando las dinámicas de la materia lo exigen. Estas experiencias locales servirán como antecedente para medir el impacto de las nuevas disposiciones y asegurar que la transición hacia un entorno escolar más controlado y enfocado en el aprendizaje se realice con el consenso de la comunidad escolar. Con la fecha límite fijada para principios de noviembre, el sistema educativo de Nuevo León avanza hacia la consolidación de un modelo que busca equilibrar la seguridad digital de los menores con el aprovechamiento responsable de la tecnología en las aulas.

Fuente: Tribuna