Monterrey, Nuevo León. – Las negociaciones entre el Gobierno de Nuevo León y el Congreso local para definir el Presupuesto 2027 han entrado en una fase de tensiones políticas y exigencias financieras. Mientras el Ejecutivo estatal insiste en la necesidad de alcanzar acuerdos bilaterales que garanticen la gobernabilidad y el desarrollo de proyectos prioritarios, la oposición en el Poder Legislativo ha fijado una postura firme: cualquier avance en el paquete fiscal quedará condicionado al nombramiento formal de un tesorero estatal y a la liquidación de los adeudos pendientes con los ayuntamientos de la entidad.

El trasfondo de estas fricciones se remonta a los reclamos planteados desde julio, cuando diversos alcaldes manifestaron su inconformidad por la falta de ministraciones que ascendía, según estimaciones municipales, hasta los mil 700 millones de pesos. Si bien la Tesorería estatal rechazó en su momento dichas cifras y sostuvo que los recursos públicos se han distribuido conforme a la normatividad vigente, el descontento de las administraciones municipales escaló al terreno legislativo, convirtiéndose en una de las principales demandas de las bancadas de oposición.

Durante la reciente sesión solemne por el quinto informe de Gobierno, las posturas de ambas partes evidenciaron la distancia que aún las separa de alcanzar consensos. Por parte del Ejecutivo, el secretario general de Gobierno, Miguel Flores Serna, hizo un llamado enfático a los diputados para anteponer el bienestar ciudadano a las diferencias partidistas y los eventos del pasado. El funcionario aseguró que existe total disposición al diálogo por parte de la administración estatal y de la bancada de Movimiento Ciudadano, y enfatizó que un presupuesto consensuado representaría un beneficio sustancial para el estado de Nuevo León y sus proyectos de infraestructura.

La respuesta desde la presidencia del Congreso fue contundente. Perla Villarreal, titular de la mesa directiva, advirtió que la prioridad del Legislativo es consolidar un paquete fiscal transparente, equitativo e imparcial, señalando que la entidad no puede permitirse transitar otro año bajo el esquema de reconducción presupuestal. Villarreal recalcó que no se autorizarán mayores niveles de endeudamiento sin garantías claras ni se firmarán cheques en blanco que puedan comprometer la estabilidad financiera de futuras administraciones. En entrevista, la legisladora reiteró que el requisito indispensable para destrabar las mesas de trabajo es que el Ejecutivo designe formalmente a un titular en la Tesorería y salde los recursos retenidos a los municipios.

Las repercusiones de este diferendo político ya se habían manifestado previamente en los canales de comunicación institucional. A principios de septiembre, representantes de las fuerzas políticas con presencia en el Congreso —incluyendo al PRI, PAN, PRD y Morena— decidieron no asistir a las reuniones convocadas por la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado. Dichos encuentros, encabezados por Miguel Flores y por el entonces encargado del despacho de la Tesorería, Ulises Carlín, tenían como objetivo principal exponer los escenarios macroeconómicos y las proyecciones financieras para el ejercicio fiscal 2027. Una semana más tarde, la inasistencia de los legisladores se repitió en una segunda convocatoria que incluía la participación de organismos electorales.

Ante este escenario de desencuentros, el gobernador Samuel García intentó encauzar una vía directa de comunicación con los ediles metropolitanos y rurales, invitando públicamente a los 51 presidentes municipales de Nuevo León a establecer contacto telefónico para agendar mesas de trabajo y atender sus demandas presupuestales sin intermediarios. Hasta el momento dicha reunión formal con la totalidad de los alcaldes no se ha concretado, manteniendo abierta la disputa sobre la distribución del gasto público.

Con el calendario avanzando y los plazos constitucionales encima, la discusión por el presupuesto del próximo año se perfila como una de las pruebas políticas más complejas para la administración estatal. La exigencia de transparencia, la rendición de cuentas en las finanzas públicas y la resolución de los pasivos municipales se han convertido en los ejes rectores que determinarán si el Congreso y el Ejecutivo logran construir un acuerdo antes de que concluya el año legislativo, definiendo así el rumbo económico de Nuevo León para 2027.

Fuente: Tribuna