Monterrey, Nuevo León. – El Poder Legislativo de Nuevo León retomó la discusión en torno a la violencia vicaria, un fenómeno que afecta el tejido social y, en particular, a las madres que enfrentan la retención o sustracción de sus hijas e hijos como mecanismo de agresión psicológica y jurídica por parte de sus exparejas. Diputados de distintas bancadas representadas en el Congreso local anunciaron la puesta en marcha de mesas de trabajo técnicas y de carácter privado, cuyo propósito es consolidar un dictamen aplicable en los tribunales del estado.
Las iniciativas sobre la materia, que actualmente suman cinco expedientes legislativos presentados en el recinto parlamentario por diferentes fracciones, buscan no solo incorporar este tipo de agresión al Código Penal de la entidad como un delito autónomo, sino también realizar las adecuaciones normativas correspondientes en otras legislaciones complementarias, tales como la Ley de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Este esfuerzo pretende cerrar los vacíos legales existentes y garantizar protección tanto para las mujeres afectadas como para los menores involucrados en los diversos litigios familiares que se ventilan en los juzgados locales.
La diputada Greta Barra, representante de Morena e impulsora de los trabajos legislativos, señaló que el consenso político actual representa una oportunidad para atender una demanda ciudadana postergada por las autoridades. La legisladora reconoció el cansancio y la frustración que los colectivos de víctimas han manifestado ante la falta de resultados en administraciones pasadas, y destacó que el acercamiento reciente con los diferentes grupos parlamentarios ha renovado las expectativas de lograr un marco jurídico. La sociedad nuevoleonesa exige una respuesta institucional ante conductas que vulneran la estabilidad emocional y patrimonial de las familias.
El diputado priista Javier Caballero, quien preside la Comisión de Justicia y Seguridad Pública en el Congreso local, subrayó la importancia de involucrar a los órganos encargados de la procuración e impartición de justicia en el estado. Caballero explicó que la construcción de la ley no puede realizarse de forma aislada ni alejada de la realidad operativa, por lo que es indispensable contar con la participación técnica de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León y del Poder Judicial. Esto permitirá evaluar la viabilidad técnica de las propuestas y garantizar que el tipo penal que se apruebe sea funcional durante las etapas de investigación ministerial, integración de carpetas y desahogo de procesos ante los jueces.
El legislador enfatizó que Nuevo León mantiene una deuda histórica con las madres que sufren este tipo de violencia, motivo por el cual el trabajo legislativo debe enfocarse en diseñar normas que tengan una aplicación real y efectiva en la práctica cotidiana de los tribunales. Recalcó que cualquier reforma en esta materia debe equilibrar la sanción punitiva a los agresores con la salvaguarda del interés superior de la niñez, y asegura que los menores reciban la atención psicológica y el cuidado institucional requeridos durante el desarrollo de los procedimientos legales.
Las reuniones proyectadas contemplan la revisión, artículo por artículo, de cada una de las propuestas existentes para unificarlas en un solo documento de dictamen legislativo. Con este mecanismo de apertura y análisis, las comisiones parlamentarias correspondientes buscan evitar duplicidades, clarificar los elementos normativos del delito y establecer sanciones proporcionales a la gravedad de la conducta ilícita. La ruta trazada por los legisladores prevé agotar el análisis técnico en las próximas semanas para someter el dictamen final a votación ante el pleno del Congreso, un paso institucional que marcaría un precedente normativo en el sistema de justicia penal y familiar del estado.
Congreso de Nuevo León impulsa la tipificación de la violencia vicaria
Fuente: Tribuna