Monterrey, Nuevo León. – La exfuncionaria municipal y política local Karina Barrón anunció que emprenderá acciones legales ante la Fiscalía General de Justicia del Estado tras detectar la circulación de documentos falsificados que la señalan de manera apócrifa como aspirante a una candidatura federal en territorio nuevoleonés.

La controversia surgió a raíz de la difusión de un supuesto registro político que la colocaba indebidamente como candidata a una diputación federal por el Distrito 10 de Nuevo León. Ante estos hechos, la exsecretaria de Desarrollo Humano del municipio de Monterrey y exdiputada federal desmintió tener intenciones de participar en el actual proceso político y aclaró públicamente que no ha autorizado ninguna inscripción de esta naturaleza ni respaldado movimiento alguno en ese sentido.

Este nuevo episodio se desarrolla en un escenario complejo marcado por antecedentes judiciales recientes. Durante marzo de 2026, Barrón enfrentó un periodo bajo la medida cautelar de prisión preventiva, derivado de una denuncia por presunta extorsión y falsedad de declaraciones promovida en su contra por el senador Waldo Fernández, quien también milita en las filas de Morena. A pesar de haber recuperado su libertad el pasado 26 de marzo de 2026, la exfuncionaria quedó sujeta a una suspensión condicional del proceso legal, condición que le impone restricciones temporales específicas, entre las cuales destaca la prohibición expresa de ocupar cargos públicos o registrarse como candidata durante un plazo de 18 meses.

Ante las especulaciones y rumores desatados por el supuesto registro político, Barrón emitió un posicionamiento oficial el 18 de octubre de 2026 en el que reiteró que cualquier determinación relacionada con su futuro partidista o electoral será comunicada por los canales institucionales que ella misma disponga. De esta forma, se deslindó por completo de las publicaciones que circulan en diversos espacios informativos y plataformas digitales. Señaló que este incidente no constituye un hecho aislado en su trayectoria reciente, pues semanas atrás ya había enfrentado una situación similar cuando circuló un presunto oficio dirigido a la Presidencia de la República, del cual también se deslindó públicamente.

“Esta no es la primera vez que me señalan y me acusan de cosas que no son ciertas. En la ocasión anterior me tomaron desprevenida, me mintieron y me amenazaron, y no tuve la oportunidad de defenderme como debía”, manifestó la política al referirse a las dificultades y señalamientos adversos que ha tenido que afrontar en los últimos meses dentro del ámbito público. La exfuncionaria, quien también contendió como candidata al Senado de la República en el proceso electoral de 2024 bajo las siglas de la coalición PRI-PAN antes de vincularse políticamente con Morena, insistió en que estas acciones buscan generar confusión en el electorado y afectar su estabilidad personal.

Además de la suplantación de identidad y la falsificación documentada, Barrón denunció ser víctima de situaciones alarmantes que vulneran su seguridad personal y la de su entorno familiar. De acuerdo con su testimonio, en fechas recientes ha detectado actos sistemáticos de hostigamiento y vigilancia continua en las inmediaciones de su domicilio particular, incluido el presunto sobrevuelo de drones. Estos hechos, afirmó, han alterado la tranquilidad en su hogar y generado preocupación por la integridad física de sus hijos.

Interpondrá una denuncia penal ante la Fiscalía General de Justicia del Estado para esclarecer el origen, la autoría intelectual y material de los documentos apócrifos. Anunció que solicitará la intervención de las autoridades electorales competentes para que verifiquen si existe algún registro oficial a su nombre en los padrones de aspirantes y se deslinden responsabilidades contra los actores intelectuales o materiales que resulten involucrados.

Barrón concluyó advirtiendo que mantendrá una postura firme y utilizará todos los cauces legales disponibles dentro del marco institucional para frenar cualquier intento de vulnerar su identidad civil y política, salvaguardar su reputación y garantizar la seguridad de su familia frente a lo que calificó como una campaña sistemática de desinformación, hostigamiento y uso indebido de su nombre en el escenario político estatal.

Fuente: Tribuna